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Se fija doctrina jurisprudencia por interés casacional en relación a la atribución del uso de la vivienda al cónyuge más desfavorecido, en supuestos de hijos mayores de edad de conformidad con el Art. 96.3 C.C. Pensión compensatoria: Posibilidad de fijarla con carácter temporal.

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1 marzo, 2013 por cristobalpinto

STS, Civil sección 1 del 05 de Septiembre del 2011 ( ROJ: STS 6237/2011) Recurso: 1755/2008 | Ponente: JUAN ANTONIO XIOL RIOS

Pensión compensatoria. Posibilidad de fijarla con carácter temporal: El establecimiento de un límite temporal para su percepción, además de ser tan solo una posibilidad para el órgano judicial, depende de que con ello no se resienta la función de restablecer el equilibrio que le es consustancial, siendo esta una exigencia o condición que obliga a tomar en cuenta las específicas circunstancias del caso, particularmente, aquellas de entre las comprendidas entre los factores que enumera el artículo 97 del Código Civil. Las conclusiones alcanzadas por el tribunal de apelación, ya sea en el sentido de fijar un límite temporal a la pensión, ya en el de justificar su carácter vitalicio, deben ser respetadas en casación siempre que aquellas sean consecuencia de la libre y ponderada valoración de los factores a los que se refiere de manera no exhaustiva el artículo 97 CC , que permiten prever, con alto grado de certeza, y actuando con prudencia y ponderación en el juicio pronóstico, que la función reequilibradora de la pensión se va a alcanzar en un determinado plazo. Atribución del uso de la vivienda al cónyuge más desfavorecido, en supuestos de hijos mayores de edad: Ningún alimentista mayor de edad, cuyo derecho se regule conforme a lo dispuesto en los artículos 142 y siguientes del Código Civil tiene derecho a obtener parte de los alimentos que precise mediante la atribución del uso de la vivienda familiar con exclusión del progenitor con el que no haya elegido convivir.

PRIMERO. – Resumen de antecedentes.

1. En la demanda de divorcio formulada por la esposa, esta solicitó, entre otras medidas definitivas, una pensión compensatoria a cargo de su marido de 700 euros mensuales. Para justificar su procedencia y cuantía alegó, en síntesis, el desequilibrio que le había ocasionado la ruptura, su dedicación exclusiva al cuidado de la familia durante todo el tiempo de duración del matrimonio (24 años), su falta de ingresos y absoluta dependencia económica de su esposo, su edad (46 años) y su falta de experiencia y formación laboral (ama de casa).

2. El Juzgado estimó en parte la demanda y concedió a la demandante una pensión compensatoria de 400 euros mensuales, actualizables según IPC, sin límite temporal en cuanto a su percepción. Justificó ambas decisiones por las circunstancias concurrentes, en particular, que durante el tiempo que duró el matrimonio la esposa no trabajó y se dedicó solo a las tareas domésticas, y las dificultades que iba a tener para incorporarse al mercado laboral dada su edad, muy pobre experiencia laboral y nula formación. También decidió atribuir el uso de la vivienda familiar a la esposa e hijos a su cargo, dada la carencia de ingresos de la primera, aún cuando los hijos habían manifestado su voluntad de vivir con su padre, si bien, valorando su mayoría de edad, fijó como límite para el disfrute de esa medida el momento de la liquidación del régimen matrimonial.

3. La AP de Cantabria estimó parcialmente los recursos formulados por ambos litigantes, con revocación de la sentencia apelada, por lo que respecta a la pensión compensatoria, en el sentido de elevar su cuantía hasta los 500 euros mensuales, actualizables según IPC, y de fijar un límite temporal de quince años para su percepción, y por lo que respecta a la atribución del uso de la vivienda, en el sentido de adjudicársela al marido, a cuyo cargo quedaban los hijos.

4. En relación con las cuestiones controvertidas en casación, la sentencia declaró, en síntesis, lo siguiente: a) en cuanto a la pensión, declara procedente su percepción valorando que durante los 24 años de duración del matrimonio la esposa se dedicó exclusivamente al cuidado de la familia, careciendo de titulación y experiencia profesional, circunstancias, junto a su edad, que limitan sus posibilidades a la hora de acceder al mercado laboral; la decisión de incrementarla hasta los 500 euros al mes la justificó en atención a los ingresos acreditados del esposo (1 766 euros al mes, al descontar a los 2 066 euros que ganaba, con prorrateo de pagas extras, los 300 euros mensuales que importa la amortización mensual del préstamo hipotecario, a su cargo). Para justificar su limitación temporal, tomó en cuenta las circunstancias que llevaron a apreciar el desequilibrio y la duración del matrimonio. b) Por lo que respecta a la decisión de atribuir el uso de la vivienda familiar al marido y a los hijos, lo justificó por la dependencia económica de los hijos, pese a su mayoría de edad, y porque, siendo acreedores de pensión alimenticia que satisfaga sus necesidades de vivienda y manutención, el núcleo familiar integrado por el padre alimentante y los hijos, era el más necesitado de protección hasta en tanto no se independicen o concluya su formación en tiempo razonable.

5. Contra dicha sentencia recurre en casación la parte actora y apelante, al amparo del artículo 477.2. 3º LEC , por existencia de interés casacional tanto en la modalidad de oposición a la jurisprudencia de esta Sala, con relación al artículo 97 CC y la posibilidad de fijar límites temporales a la pensión compensatoria, como por existencia de interés casacional en la modalidad de doctrina contradictoria de las Audiencias Provinciales, con cita del artículo 96 CC , y en relación con la atribución del uso de la vivienda cuando los hijos son mayores de edad.

6. En su escrito de oposición al recurso el Ministerio Fiscal ha interesado su desestimación.

SEGUNDO. – Enunciación del motivo primero y único de casación.

El recurso consta de un motivo único, pero subdividido en dos apartados cada uno de los cuales, por tratar aspectos diferentes, ha de ser objeto de examen y resolución por separado.

En el primer apartado se aduce la existencia de interés casacional, en la modalidad de oposición a jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, fijada en SSTS de 10 de febrero y 28 de abril de 2005 , en relación a la posibilidad de fijar límites temporales a la pensión compensatoria. Defiende la recurrente que la AP se apartó de los requisitos establecidos por la citada doctrina, al no atender más que a la realidad del desequilibrio y a la duración del matrimonio, y obviar los restantes factores del artículo 97 CC , fundando así su decisión favorable al establecimiento de un límite temporal de quince años en aspectos ajenos a la potencialidad real que, según sus circunstancias, tenía para acceder a un empleo que le permitiera superar en ese plazo de tiempo el desequilibrio justificador de la pensión.

En el segundo apartado se pretende justificar la existencia de interés casacional, esta vez en la modalidad de doctrina contradictoria de las Audiencias Provinciales (SSAP de Vizcaya, Sección 4ª, de 13 de abril de 2005 ; de Cádiz, Sección 5ª, de 19 de diciembre de 2006 ; de Navarra, Sección 2ª, de 1 de septiembre de 2001 ; y de Cantabria, Sección 1ª, de 24 de abril de 2000 ), con relación a la atribución del uso de la vivienda familiar cuando existen hijos mayores de edad, aunque dependientes económicamente. Es su tesis que en este caso ha de prescindirse del interés de los hijos y adjudicarse la vivienda al cónyuge más necesitado de protección, esto es, a la esposa, dada su carencia absoluta de ingresos.

El motivo debe ser parcialmente estimado, en lo que se refiere a la infracción denunciada en este segundo apartado.

TERCERO. – Sobre la temporalidad de la pensión compensatoria y los límites para revisar en casación la decisión adoptada en la instancia.

A) La posibilidad de establecer la pensión compensatoria con carácter temporal con arreglo a las circunstancias, es en la actualidad una cuestión pacífica, tanto a la luz de las muchas resoluciones de esta Sala (entre las más recientes, SSTS de 17 de octubre de 2008 [RC n.º 531/2005 y RC n.º 2650/2003 ], 21 de noviembre de 2008 [RC n.º 411/2004 ], 29 de septiembre de 2009 [RC n.º 1722/2007 ], 28 de abril de 2010 [RC n.º 707/2006 ], 29 de septiembre de 2010 [RC n.º 1722/2007 ], 4 de noviembre de 2010 [RC n.º 514/2007 ] y 14 de febrero de 2011 [RC n.º 523/2008 ]) que reiteran la doctrina favorable a la temporalidad fijada por las sentencias de 10 de febrero de 2005 y 28 de abril de 2005 -a las que hace alusión para acreditar el interés casacional- como por haberse manifestado también posteriormente en el mismo sentido positivo el legislador mediante la Ley 15/2.005, de 8 de julio, que ha dado una nueva redacción al artículo 97 CC , estableciendo que la compensación podrá consistir en una pensión temporal, o por tiempo indefinido, o en una prestación única.

Según esta doctrina, el establecimiento de un límite temporal para su percepción, además de ser tan solo una posibilidad para el órgano judicial, depende de que con ello no se resienta la función de restablecer el equilibrio que le es consustancial, siendo esta una exigencia o condición que obliga a tomar en cuenta las específicas circunstancias del caso, particularmente, aquellas de entre las comprendidas entre los factores que enumera el artículo 97 CC (que según la doctrina de esta Sala, fijada en STS de 19 de enero de 2010, de Pleno [RC n.º 52/2006 ], luego reiterada en SSTS de 4 de noviembre de 2010 [RC n.º 514/2007 ] y 14 de febrero de 2011 [RC n.º 523/2008 ], entre las más recientes, tienen la doble función de actuar como elementos integrantes del desequilibrio, en tanto en cuanto sea posible según la naturaleza de cada una de las circunstancias, y, una vez determinada la concurrencia del mismo, la de actuar como elementos que permitirán fijar la cuantía de la pensión) que permiten valorar la idoneidad o aptitud de la beneficiaria para superar el desequilibrio económico en un tiempo concreto, y, alcanzar la convicción de que no es preciso prolongar más allá su percepción por la certeza de que va a ser factible la superación del desequilibrio, juicio prospectivo para el cual el órgano judicial ha de actuar con prudencia y ponderación, con criterios de certidumbre.

En la misma línea, las SSTS de 9 de octubre de 2008 [RC n.º 516/2005 ] y 17 de octubre de 2008 [RC n.º 531/2005 ], 28 de abril de 2010 [RC n.º 707/2006 ] y 4 de noviembre de 2010 [RC n.º 514/2007 ]), afirman que las conclusiones alcanzadas por el tribunal de apelación, ya sea en el sentido de fijar un límite temporal a la pensión, ya en el de justificar su carácter vitalicio, deben ser respetadas en casación siempre que aquellas sean consecuencia de la libre y ponderada valoración de los factores a los que se refiere de manera no exhaustiva el artículo 97 CC y que han de servir tanto para valorar la procedencia de la pensión como para justificar su temporalidad, siendo posible la revisión casacional únicamente cuando el juicio prospectivo sobre la posibilidad de superar el inicial desequilibrio en función de los factores concurrentes se muestra como ilógico o irracional, o cuando se asienta en parámetros distintos de los apuntados por la jurisprudencia.

B) El expresado sentido de la doctrina existente sobre la materia determinan que haya que desestimar la infracción que se denuncia en el primer apartado del único motivo del recurso, toda vez que la decisión de la AP de fijar un límite de quince años a la pensión compensatoria, lejos de asentarse en criterios distintos de los afirmados o de resultar una decisión gratuita, arbitraria o carente de la más mínima lógica, se muestra como el resultado de un juicio prospectivo razonable, construido con criterios de prudencia y ponderación, sobre la posibilidad real que tenía entonces la actora de superar en tal espacio de tiempo la inicial situación desfavorable respecto a la de su marido que a aquella le generó la ruptura, y sustentado en los factores concurrentes previstos en el artículo 97 CC , que previamente le sirvieron para justificar su procedencia.

Así, siendo cierto que la AP toma en especial consideración que el matrimonio tuvo una duración de 24 años, no cabe, sin embargo, entender, como se pretende, que ha sido este el único factor que le ha llevado a limitar temporalmente su percepción ya que en el mismo FD se alude a la entidad del desequilibrio como factor igualmente determinante de la decisión. En efecto, si la AP decidió fijar un plazo sensiblemente superior al que suele ser habitual en situaciones similares fue únicamente tras valorar el prolongado tiempo de convivencia, durante el cual la esposa estuvo apartada del mercado de trabajo y dependía de su marido, así como su edad al tiempo de la ruptura y su escasa preparación profesional, factores todos ellos, contenidos en las circunstancias del artículo 97 CC , que si, en conjunto, ya le sirvieron para justificar la existencia de desequilibrio y procedencia de la pensión en la cuantía fijada, en buena lógica, no puede afirmarse que no fueran tomados también en consideración a la hora de valorar como notable el desequilibrio que debía ser superado (que se menciona expresamente en el citado FD Tercero, último párrafo), y, consecuentemente, a la hora cifrar en quince años el tiempo que habría de necesitar para poder subvenir por sí misma sus necesidades, de modo que la función de restablecer el equilibrio, consustancial a la pensión compensatoria, se agotara transcurrido dicho plazo.

Frente a estos razonamientos, plenamente ajustados a la jurisprudencia indicada, no pueden prosperar unos argumentos de impugnación de los que meramente se desprende la disconformidad de la recurrente con el reseñado juicio prospectivo y sus consecuencias, pues la mera disconformidad con el señalamiento de un límite temporal a su percepción o con el plazo que se ha calculado suficiente para que cumpla su fin, no equivale a entender que dicho cálculo fue ilógico o irracional, ni que se sustentó en parámetros distintos de los previstos legal y jurisprudencialmente, y con menor motivo en un caso en el que el plazo fijado equivale a casi dos terceras partes de la duración del vínculo matrimonial y cuyo aumento solo tendría razón de ser de concebirse la pensión compensatoria como algo que no es, es decir, como instrumento de nivelación patrimonial, o que responde a situaciones de necesidad.

En conclusión, en la medida que la decisión de la AP se encuentra perfectamente razonada, y que en su actuación se ajusta a los parámetros de prudencia y ponderación a los que se hizo referencia, sus conclusiones, en particular la referente a no concederla con carácter vitalicio y limitar su percepción a quince años, han de ser respetadas en casación.

CUARTO. – Atribución del uso de la vivienda al cónyuge más necesitado de protección cuando no existen hijos menores, sino mayores de edad.

El artículo 39.3 CE impone a los padres el deber de prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.

En relación directa con dicho precepto, y como concreción del principio favor filii [a favor del hijo] o favor minoris [a favor del menor], el párrafo 1º del artículo 96 CC atribuye el uso de la vivienda familiar a los hijos menores de edad, y, de manera refleja o derivada, al cónyuge en cuya compañía queden. La controversia que se suscita versa sobre si esta forma de protección se extiende al mayor de edad, de forma que la circunstancia de alcanzar la mayoría no le prive (ni a él, ni indirectamente, tampoco al progenitor que lo tenga a su cuidado) del derecho a seguir usando la vivienda familiar.

Como primer argumento a favor del criterio contrario a extender la protección del menor que depara el artículo 96.1º CC más allá de la fecha en que alcance la mayoría de edad se encuentra la propia diferencia de tratamiento legal que reciben unos y otros hijos. Así, mientras la protección y asistencia debida a los hijos menores es incondicional y deriva directamente del mandato constitucional, no ocurre igual en el caso de los mayores, a salvo de una Ley que así lo establezca. Este distinto tratamiento legal ha llevado a un sector de la doctrina menor a declarar extinguido el derecho de uso de la vivienda, adjudicado al hijo menor en atención a esa minoría de edad, una vez alcanzada la mayoría, entendiendo que el artículo 96 CC no depara la misma protección a los mayores.

Como segundo argumento contrario a extender la protección del menor que depara el artículo 96.1º CC más allá de la fecha en que alcance la mayoría debe añadirse que tampoco cabe vincular el derecho de uso de la vivienda familiar con la prestación alimenticia prevista en el artículo 93.2 CC , respecto de los hijos mayores que convivan en el domicilio familiar y carezcan de ingresos propios. A diferencia de lo que ocurre con los hijos menores, la prestación alimenticia a favor de los mayores contemplada en el citado precepto, la cual comprende el derecho de habitación, ha de fijarse (por expresa remisión legal) conforme a lo dispuesto en los artículos 142 y siguientes del CC que regulan los alimentos entre parientes, y admite su satisfacción de dos maneras distintas, bien incluyendo a la hora de cuantificarla la cantidad indispensable para habitación o bien, recibiendo y manteniendo en su propia casa al que tiene derecho a ellos.

Que la prestación alimenticia y de habitación a favor del hijo mayor aparezca desvinculada del derecho a usar la vivienda familiar mientras sea menor de edad, se traduce en que, una vez alcanzada la mayoría de edad, la subsistencia de la necesidad de habitación del hijo no resulte factor determinante para adjudicarle el uso de aquella, puesto que dicha necesidad del mayor de edad habrá de ser satisfecha a la luz de los artículos 142 y siguientes del CC , en el entendimiento de que la decisión del hijo mayor sobre con cual de los padres quiere convivir, no puede considerarse como si el hijo mayor de edad ostentase algún derecho de uso sobre la vivienda familiar, de manera que dicha elección conllevara la exclusión del otro progenitor del derecho a la utilización de la vivienda que le pudiera corresponder. En definitiva, ningún alimentista mayor de edad, cuyo derecho se regule conforme a lo dispuesto en los artículos 142 y siguientes del Código Civil , tiene derecho a obtener parte de los alimentos que precise mediante la atribución del uso de la vivienda familiar con exclusión del progenitor con el que no haya elegido convivir. En dicha tesitura, la atribución del uso de la vivienda familiar ha de hacerse al margen de lo dicho sobre los alimentos que reciba el hijo o los hijos mayores, y por tanto, única y exclusivamente a tenor, no del párrafo 1º sino del párrafo 3º del artículo 96 CC , según el cual «No habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes, por el tiempo que prudencialmente se fije, corresponde al cónyuge no titular, siempre que, atendidas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección».

B) La aplicación de esta doctrina determina la estimación de esta parte del motivo o submotivo, pues la decisión de los hijos mayores de convivir con el padre no debió considerarse factor determinante a la hora de privar a la esposa de su derecho a usar el domicilio familiar, una vez acreditado y no discutido que las circunstancias en ella concurrentes lo hacían aconsejable por ser su interés el más necesitado de protección.

QUINTO. – Estimación parcial del recurso y costas.

Al encontrarse fundado el recurso en cuanto a la infracción denunciada en el segundo apartado de su único motivo, procede su estimación parcial, en el sentido de adjudicar a la esposa el uso de la vivienda familiar hasta el momento de la liquidación del régimen matrimonial.

Al tratarse de un recurso por interés casacional, procede al mismo tiempo, de conformidad con el artículo 487.3 LEC , fijar como doctrina jurisprudencial que la atribución del uso de la vivienda familiar en el caso de existir hijos mayores de edad, ha de hacerse a tenor del párrafo 3º del artículo 96 CC , que permite adjudicarlo por el tiempo que prudencialmente se fije a favor del cónyuge, cuando las circunstancias lo hicieren aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección.

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