Pensión compensatoria (Art. 97 CC). Validez de la renuncia a su percibo en Convenio Regulador. Alegación de concurrencia de intimidación como vicio invalidante del consentimiento no acreditada

STS, Civil sección 1 del 08 de Febrero del 2003 ( ROJ: STS 782/2003)Recurso: 656/1998 | Ponente: ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL

PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia de Vitoria uno, en procedimiento de separación (número 34/1993), dictó sentencia el 2 de febrero de 1993, a medio de la cual decretó la separación legal del matrimonio formado por don Lázaro y doña Estefanía (demandante del error judicial que se decide), solicitada de mutuo acuerdo y aprobó el Convenio Regulador presentado, de fecha 17 de diciembre de 1.992, que había sido ratificado a presencia judicial.

La cláusula quinta de dicho Convenio literalmente dice: “DE LA PENSIÓN: La separación que pactan los esposos no produce desequilibrio, no procediendo fijar pensión indemnizatoria en favor de alguno de ellos”.

La sentencia sobre la que se proyecta el error judicial, cuyo reconocimiento postula la referida esposa, corresponde a la dictada en trámite de apelación por la Sección primera de la Audiencia Provincial de Vitoria-Gasteiz que, al confirmar la del Juzgado, ratificó el Convenio Regulador de 17 de diciembre de 1.992 y no accedió a la petición de doña Estefanía de que fuera reconocida la pensión compensatoria prevista en el artículo 97 del Código Civil.

El error judicial denunciado se articula en dos motivos. El primero se refiere a concretar la equivocación de los juzgadores de instancia en la apreciación de la prueba, ya que no estimaron que la demandante firmase el Convenio Regulador bajo la presión de haber sufrido grave intimidación por parte de su marido. Tal situación que actúa como vicio invalidante del consentimiento, conforme al artículo 1265 del Código Civil, no se tuvo por demostrada, ni siquiera por vía de presunción, sin perjuicio de las situaciones de violencia y quiebra matrimonial acaecidas antes de la suscripción del Convenio, pero sin acreditación precisa respecto al momento en el que el mismo fue aceptado y firmado por la demandante, sin dejar de lado que dicho Convenio fue ratificado a presencia judicial por separado y era el momento más procedente, bien para denunciar la agresión psíquica que se dice sufrió o no llevar a cabo su aceptación.

Lo que sí pretende con la demanda de error judicial es convertir este procedimiento en una nueva instancia para obtener el reconocimiento del derecho de la demandante a la pensión compensatoria solicitada que le fue denegada. La cláusula quinta del Convenio así lo autoriza y la misma no ha sido objeto en ningún momento de impugnación para decretar su nulidad, por lo que sigue desplegando todos sus efectos liberatorios, al tratarse de pacto lícito, enmarcado en la libre voluntad de los otorgantes y los vincula conforme a los artículos 1254, 1255 y 1258 del Código Civil.

No procede acoger pretensión de reconocimiento de error judicial que se sustenta, como aquí sucede, en la revisión valorativa propia e interesada de la prueba practicada y que los juzgadores de instancia tuvieron en cuenta, siguiendo una línea de interpretación que se presenta dotada de lógica y suficiente racionalidad, para sentar la conclusión de que la pretendida intimidación no se había producido en cuanto fue la demandante la que libre y voluntariamente suscribió y con ello ratificó judicialmente el Convenio Regulador.

En estos casos la doctrina se muestra contundente, conforme declara la sentencia de 15 de septiembre de 2000 (que cita las de 18-4-1992, 3-3-1993, 14-2-1995, 27-11-1996, 11-1-1997, 14-4-1999, 20-7-1999 y 221 y 5-2-2000), pues cuando se mantiene discrepancia de parte con la apreciación de la prueba llevada a cabo por el órgano jurisdiccional competente, en uso de sus facultades juzgadoras, el error judicial no ha de ser acogido por resultar improcedente.

Contiene la demanda como segundo motivo para que se declare se ha producido error judicial, el darse efectivo desequilibrio económico. El Tribunal de Instancia no lo estimó en base al “factum” sentado como probado, ya que mientras la situación económica de la esposa ha permanecido invariable hasta la actualidad, no sucede así respecto al otro cónyuge, ya que al encontrarse en situación laboral de invalidez permanente, sus ingresos se han visto disminuidos y le han situado en un nivel adquisitivo por debajo del que gozaba al tiempo de decretarse la separación matrimonial.

No obstante lo que se deja dicho, lo que resulta contundente para desestimar la pretensión es que la cláusula quinta del Convenio mantiene su vigencia y no cabe decidir contra la misma, pues se vulneraría abiertamente la libertad contractual y las obligaciones y derechos pactados.

SEGUNDO.- Al no prosperar la demanda de reconocimiento de error judicial, procede la imposición de las costas del procedimiento a la demandante que lo planteó, conforme al artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

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