Ejecución por gastos extraordinarios: ¿Cuándo es posible evitar el incidente declarativo previo?

hqdefaultMe estoy refiriendo a la -no pacífica y muy debatida- cuestión de cuando es posible presentar demanda ejecutiva directamente, sin necesidad de instar previamente el incidente para declarar la “extraordinariedad” del gasto. Este incidente está regulado en el Art. 776.4 LEC, precepto que, como es bien conocido, fue introducido en la Reforma de la LEC por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, y que literalmente señala:

4.ª Cuando deban ser objeto de ejecución forzosa gastos extraordinarios, no expresamente previstos en las medidas definitivas o provisionales, deberá solicitarse previamente al despacho de ejecución la declaración de que la cantidad reclamada tiene la consideración de gasto extraordinario. Del escrito solicitando la declaración de gasto extraordinario se dará vista a la contraria y, en caso de oposición dentro de los cinco días siguientes, el Tribunal convocará a las partes a una vista que se sustanciará con arreglo a lo dispuesto en los artículos 440 y siguientes y que resolverá mediante auto”.

          Así las cosas, y respondiendo a la cuestion que planteamos, parece de pura lógica interpretar que el primer caso en que resultará posible accionar directamente por vía ejecutiva evitando el tramite previo declarativo aparecerá cuando el gasto cuyo desembolso se reclama del otro progenitor esté expresamente previsto en las medidas definitivas o provisionales establecidas judicialmente.

        Ahora bien, esta interpretación literal y apegada a la letra de la ley choca abierta y verdaderamente con la praxis judicial diaria y cotidiana que nos demuestra que muchos Juzgados -bien sea por economía procesal o por criterios eminentemente pragmáticos- admiten a trámite demandas ejecutivas que no cumplen estas condiciones; en estos órganos se abre la mano al despacho de ejecución de gastos extraordinarios no expresamente previstos en el título ejecutivo. Resulta muy ilustrativa -por su apego al usus fori– la enumeración que expone D. Juan Pablo González del Pozo, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 24, de Familia de Madrid (en la Revista de Derecho de Familia. Foro Abierto. Nº 69) de los casos en que los Juzgados de Familia vienen admitiendo esta clase de demandas ejecutivas “directas” que eluden el trámite del Art. 776.4 LEC:

         1º. Cuando se trata de determinados gastos perfectamente reconocibles por la costumbre y la continua y reiterada doctrina jurisprudencial que hacen no albergar duda sobre su naturaleza de extraordinario. En particular entran en esta categoría los gastos extraordinarios de carácter médico o sanitario que, aun no estando expresamente previstos en el auto o sentencia que se ejecuta, tienen indudable carácter extraordinario. Por ejemplo, ortodoncia o tratamiento psicológico de un menor. En estos casos se entiende que resulta innecesario seguir el incidente declarativo previsto en el art. 776.4ª LEC porque el carácter extraordinario de los gastos reclamados es evidente e innegable, y todas las demás cuestiones sustantivas relacionadas con el cumplimiento de los requisitos necesarios para la exigibilidad de los mismos pueden debatirse y resolverse en el incidente de oposición a la ejecución (si el gasto médico es o no estrictamente necesario; si se pudo o no recibir de modo gratuito en el Sistema Público de Salud de la Seguridad Social; si existían o no por parte del ejecutado alternativas al tratamiento médico recibido por el menor que hubieran supuesto una reducción sustancial del coste, etc.).

         2º. Cuando se reclaman gastos extraordinarios que ya han sido declarados como tales por una resolución judicial anterior recaída en otro incidente de declaración de gastos extraordinarios o en un auto resolutorio de incidente de oposición a la ejecución seguido en el mismo juzgado entre las mismas partes. Se trata de reclamaciones de gastos extraordinarios por idénticos conceptos a los que ya han dado lugar a demandas ejecutivas anteriores entre las mismas partes por tratarse de gastos extraordinarios periódicos que se mantienen durante un periodo determinado de tiempo de duración incierta, como puede ser el tratamiento psicológico o psiquiátrico necesario para superar una depresión del menor. Es evidente que, en tales supuestos, resulta absolutamente superfluo obligar a la parte que reclama a seguir el incidente declarativo previo del art. 776.4 LEC al no existir razón alguna para sostener que el juzgado vaya a cambiar de criterio.

          3º. En el caso de gastos extraordinarios no previstos en el título ejecutivo de manera expresa a los que, por actos propios anteriores, el ejecutado haya reconocido su carácter de gastos extraordinarios e, inclusive, haya prestado tácitamente su consentimiento a su realización, como por ejemplo la realización de una estancia de un hijo mayor de edad durante el verano en el extranjero para aprendizaje y perfeccionamiento del inglés, cuando consta que el padre fue notificado de su propósito por el propio hijo, al que dio su conformidad manifestándole que él soportaría proporcionalmente ese gasto excepcional “como en otros casos anteriores de gastos extraordinarios.

       Pero aunque esta sea la praxis judicial de muchos Juzgados de Familia inmediatamente surge el debate: Eludir el incidente previo en estos casos aunque sea por motivos de economía procesal o de puro pragmatismo ¿No supone un anómalo intento de considerar como gasto extraordinario lo que ni la ley ni el título amparan bajo dicha conceptuación jurídica. ¿No supone dar un uso arbitrario a la redacción del Art. 776.4 LEC que no distinguió tipos de gastos?

3 Comentarios

  1. Es curioso que se permita por el uso acudir al consentimiento tácito prestado por inequívocos actos anteriores (el caso 3º) y, sin embargo, no se admita ese mismo comportamiento tácito, o incluso a veces expreso, como motivo de oposición en la ejecución de títulos, obligándose a que figure en escritura pública.

    1. Asi es, Alberto. Resulta incoherente. Pero es que la propia Jurisprudencia se encarga de repetir que las normas previstas en la LEC para la oposicion a la ejecución tienen n muchas ocasiones costoso y dificultoso encaje en los procesos de Familia.

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