¿Por qué no está resolviendo el TSJ Vasco recursos de casación por infracciones de la Ley 7/15 de custodia compartida?

Simpson vasco.jpgHasta donde creía yo haber entendido la Ley 7/2015 de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores (también llamada Ley de custodia compartida) forma parte del Derecho Civil Foral Vasco. Se nos dice en el Preámbulo de la Ley   que esta regulación se establecía como “conexión natural” al Derecho Civil Foral propio, cuyo desarrollo queda amparado en el Art. 10.1 del Estatuto de Autonomía y el Art. 149.1.8 C.E según la interpretación que ha venido haciendo el TC del mismo.

            Tambien creo que resulta evidente que corresponde al TSJ del Pais Vasco resolver los recursos de casación frente a sentencias de las AAPP vascas que puedan infringir normas de Derecho Civil Foral. Así, el Art. 73 LOPJ señala que “La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia conocerá, como Sala de lo Civil: … Del recurso de casación que establezca la ley contra resoluciones de órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma, siempre que el recurso se funde en infracción de normas del derecho civil, foral o especial, propio de la comunidad, y cuando el correspondiente Estatuto de Autonomía haya previsto esta atribución.” Y añade el Art. 14.1 del Estatuto de Autonomía: “La competencia de los órganos jurisdiccionales en el País Vasco se extiende: …a) En el orden civil, a todas las instancias y grados, incluidos los recursos de casación y de revisión en las materias del Derecho Civil Foral propio del País Vasco

           Entonces ¿Por que no está resolviendo la Sala Civil del TSJ del Pais Vasco recursos de casación frente a sentencias de las AAPP vascas en los que hayan podido infringirse disposiciones de la Ley Vasca de Custodia Compartida 7/15?

           La cuestión del ámbito material competencial del recurso de casación propio de la Sala Civil del TSJ del Pais Vasco es un asunto que colea desde el pasado. Desde el año 2004 hasta el año 2015 se evolucionó a través de distintas resoluciones del TS y TSJ Pais Vasco en favor de una interpretación amplia o extensiva de dicho ámbito. Sin embargo, a partir del ATS 1ª de 3 de marzo de 2015  -ratificada en el posterior ATS 1ª de 20 de mayo de 2015- la postura del TS queda resumida en que “…no toda norma autonómica aplicable para resolver litigios sobre materias de Derecho privado constituye norma de Derecho civil foral o especial”, pronunciamiento que evidentemente supone una restricción de los asuntos que accederían a la Sala Civil del TSJ vasco por razón de la materia.

        Aún con todo, en las Jornadas celebradas en Bilbao el 2 y 3 de noviembre de 2015 “El Derecho civil vasco del siglo XXI: de la Ley de 2015 a sus desarrollos futuros”, el Magistrado de la Sala Civil-Penal del TSJ País Vasco D. Francisco de Borja Iriarte mantenía la esperanza de que “…se mantendría obviamente la competencia respecto a las cuestiones derivadas de la ley 5/2015; razonablemente se mantendría en relación con las leyes de relaciones familiares y parejas de hecho pues en ambas las Exposiciones de Motivos justifican la competencia del Parlamento Vasco para aprobarlas, entre otros preceptos constitucionales, en el artículo 149.1.8º C.E”. Sin embargo, a la vista está que aquella esperanza ha resultado vana. Es más, en las sentencias dictadas en las AAPP vascas en materia de ruptura de los progenitores -donde se aplica la Ley Vasca 7/2015- o bien solamente se remite al Tribunal Supremo como el órgano competente para la interposición de recurso de casación o bien ofrecen una fórmula neutra que señala la posibilidad de interponer recurso de casación pero no señala exactamente el órgano que debe resolverla.

      Con este panorama, mientras que es lo cierto que en otros TSJ de CCAA con Derecho Civil propio la actividad es incesante, la Sala del TSJ del Pais Vasco languidece inoperante en esta materia de ruptura entre progenitores . No me consta si por parte de la Sala Civil del TSJ haya habido intentos de reafirmar o mantener su competencia con motivo de la admisibilidad de algún recurso de casación interpuesto en materia de relaciones familiares tras la promulgación de la Ley 7/2015. Todo apunta a que los operadores jurídicos vascos -los Letrados- tampoco acaban de ver tal posibilidad de acudir al TSJ al recurrir en casación en asuntos de ruptura entre progenitores o quizás -desde una perspectiva práctica- no vislumbren ventaja alguna siquiera en intentarlo.

    Como vemos, el asunto se encuentra en un “limbo jurídico” que no acaba de concretarse. Pero lo curioso -y chocante – del asunto radica en que la problemática podría tener una solución política, tal y como proponía el Magistrado Sr. Iriarte: Para solucionar este problema el Parlamento Vasco puede elaborar una Ley que regule el Recurso de casación en materia de Derecho civil vasco al amparo de la interpretación del Art. 149.1.6º de la Constitución realizada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 47/2004, de 25 de marzo, como han hecho Cataluña, Aragón o Galicia. ¿a qué espera el Parlamento Vasco para dictarla? ¿a que espera el Gobierno Vasco para proponerla? ¿falta voluntad política? O siendo más malicioso me pregunto ¿quizás no sea el momento oportuno cuando el encaje constitucional de la Ley 7/2015 es del todo dudoso pendiendo la espada de Damocles de un recurso de inconstitucionalidad desde el Gobierno central? ¿puede existir un pacto tácito de no agresión o entente cordiale entre los gobiernos vasco y central?

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2 Comentarios

  1. Considero que se trata más de un pacto entre gobierno central y autonómico la falta de conocimiento por parte del TSJ PV, en base al motivo que has expuesto. Sobre esa leyvhay una espada en el Constitucional

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