Dispone el Art. 49 bis.1 LEC que “Cuando un Juez, que esté conociendo en primera instancia de un procedimiento civil, tuviese noticia de la comisión de un acto de violencia de los definidos en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que haya dado lugar a la iniciación de un proceso penal o a una orden de protección, tras verificar la concurrencia de los requisitos previstos en el apartado 3 del artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, deberá inhibirse, remitiendo los autos en el estado en que se hallen al Juez de Violencia sobre la Mujer que resulte competente, salvo que se haya iniciado la fase del juicio oral”.
La primera duda que suscita el precepto gira en torno a qué jurisdicción se está refiriendo cundo habla de “fase de juicio oral? ¿A la civil de familia o a la penal?
El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la cuestión en los AATS de 19 de enero de 2007, 22 de julio de 2008, 24 de septiembre de 2008 y 25 de marzo de 2009 en el sentido de identificar la expresión “fase del juicio oral” como la referida a la vista del proceso civil. En ese mismo sentido se expresa la Guía Práctica elaborada para la aplicación de la LMPIVG Ley Orgánica 1/2004 del CGPJ, la Circular 4/2005 de la Fiscalía General del Estado, o el Informe elaborado por el Grupo de Expertos del Observatorio contra la Violencia de Género y Doméstica del CGPJ.
La segunda duda surge respecto al límite temporal en el proceso civil : ¿Hasta qué momento procesal puede inhibirse el Juzgado de Primera Instancia del conocimiento del asunto matrimonial o de medidas paterno filiales al constatarse la incoación de un procedimiento penal ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer?
Hasta que se pronunció el Tribunal Supremo, según la interpretación de la mayoría de las Audiencias Provinciales (AAP Barcelona 12ª de 7 de diciembre de 2005, 2 de noviembre de 2007,19 de marzo de 2009), la dicción gramatical contenida en el Art. 49 bis LEC con referencia a la «salvo que se haya iniciado la fase del juicio oral» vino siendo interpretada como que procede la inhibición hasta el dictado de Diligencia de Ordenación que convoque el acto de la vista correspondiente, lo que supone que sólo hasta ese momento podría inhibirse el Juzgado de Primera Instancia del conocimiento del asunto al constatarse la incoación de un procedimiento ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.
Así las cosas, ante la cuestión sobre en qué momento se alcanza dicha fase en el procedimiento civil (cuando se citaba a las partes a la comparecencia de medidas provisionales o cuando se efectuaba tal citación para la vista en los autos principales) la mayoría de la Jurisprudencia menor venía entendiendo e interpretando que el inciso final contenido en el Art. 49 bis LEC «salvo que se haya iniciado la fase del juicio oral» se refería tanto a la comparecencia de medidas provisionales o en su caso, al de la vista del pleito principal.
Todo este argumentario fue superado por el Tribunal Supremo a través del dictado de diversos Autos dirimiendo conflictos de competencia objetiva: ATS 4 de febrero de 2008 , conforme al cual: «Asimismo, el procedimiento civil de divorcio no se encuentra en fase de juicio oral, ni siquiera se ha iniciado su tramitación ( Art. 49 bis 1. LEC ), debiendo entenderse iniciada la fase del juicio oral, cuando el procedimiento haya llegado a la celebración de la vista prevista en el artículo 443 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , tras la cual el Juez debe dictar sentencia, salvo que quede pendiente prueba que no haya podido practicarse en el acto del juicio oral«. En la misma línea se pronunciaron los AATS 19 de enero y 18 de octubre de 2007 y 24 de septiembre de 2008. A estos últimos cabe sumar los AATS de 25 de marzo de 2009 (conflicto nº 18/2009 ), 23 de marzo de 2010 (conflicto nº 107/2009 ), 27 de marzo de 2012 (conflicto nº 1/2012 ), 10 de abril de 2012 (conflicto nº 23/2012 ), 11 de septiembre de 2012 (conflicto nº 136/2012 ) y 4 de junio de 2013 (conflicto nº 64/2013 ).
En consecuencia, incluso en el instante anterior a la celebración de la Vista de Medidas Provisionales procede acordarse judicialmente la pérdida de competencia objetiva del Juzgado de Primera Instancia y la inhibición al Juzgado de Violencia sobre la Mujer.
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