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El pago de las cuotas del préstamo hipotecario no puede englobarse dentro del concepto “cargas del matrimonio”: Su pago se hará conforme a lo pactado con el Banco.

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6 marzo, 2014 por cristobalpinto

STS, Civil sección 1 del 17 de febrero de 2014 ( ROJ: STS 494/2014)

Recurso: 313/2012 | Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS

La vivienda que fue familiar y que era privativa de la esposa se adjudicó a ella y al hijo. El pago del préstamo hipotecario no puede englobarse dentro del concepto “cargas del matrimonio”. Al ser ambos esposos contratantes del préstamo hipotecario que grava la vivienda, sus pagos se harán conforme a lo pactado con el banco.

PRIMERO .- Se ha considerado probado, sin contradicción, que:

1.- En fecha 20-10-2012 se celebró el matrimonio entre las partes, naciendo de dicha unión un hijo, Doroteo , el día 1 de marzo de 2005. El régimen económico matrimonial pactado antes de contraer matrimonio fue el de separación de bienes.

2.- Por auto de medidas previas de fecha 22-7-2002, del Juzgado de 1ª Instancia nº 9 de Valencia , se declaró la custodia materna del menor, y la atribución a ambos de la vivienda familiar, fijándose régimen de visitas y alimentos de 600 € mensuales para el hijo, acordaron el pago del préstamo hipotecario de la vivienda por mitad.

3.- Las partes convivieron en la vivienda familiar sita en la C/ CALLE000 nº NUM002 de Valencia, pta. NUM003 , hasta agosto de 2008; la misma fue adquirida en mayo de 2006, con carácter privativo, por la esposa y está gravada con tres préstamos hipotecarios concedidos por Bancaja a la actora en su condición de empleada, en los que también figura el demandado como prestatario, por los que se paga una cuota total de 1213,18.-€ al mes en 2010 y 1123,84.-€ en 2011, restando una cantidad pendiente de pago de más de 230.000.-€.

Según la actora la vivienda se tituló a su nombre con la finalidad de que dicho bien no respondiera de las obligaciones que pudiera contraer su esposo en su actividad empresarial -interrogatorio-. El Sr. Juan Alberto abonó hasta el año 2010 la mitad de dichos préstamos, habiéndose instado ejecución por su impago en los últimos meses.

4.- El demandado se dedica a la actividad empresarial por cuenta propia, principalmente en el ramo inmobiliario y financiero. Es socio fundador de cinco empresas:

– Balance Activo S.L. se dedicaba a agencia financiera de Banesto, ha despedido a los trabajadores por dificultades económicas y ha cesado la actividad.

– Final Services S.L. de la que es administrador único, y que constituyó con la hoy demandante, es la empresa de la que percibía una nómina de 3.000.-€ hasta noviembre de 2009, pasando posteriormente a ser de 1.200.-€ al mes aproximadamente. Su objeto social era el asesoramiento en la obtención de productos financieros. En el año 2009 declaró pérdidas de 9.687.-€.

– Solmanía Paterna S.L., que explota un centro de bronceado en Paterna; en el año 2009 declaró unas pérdidas de 36.400.-€ y tiene deudas de alquiler.

– Urbana Nova Cañada 2005 S.L., integrada por los litigantes, dedicada a la promoción inmobiliaria y de la que es administrador único. Los padres del demandado actuaron como avalistas de un préstamo concedido a la misma, habiendo tenido que responder del mismo.

– Loyal Services S.L., dedicada al asesoramiento financiero e inmobiliario en la que cesó como administrador en abril de 2008.

En el IRPF del año 2009 el demandado declaró unos ingresos de Final Services S.L. de 17.972.-€.

En la actualidad vive en un chalet en la URBANIZACIÓN000 en San Antonio de Benagéber, arrendado por su compañera sentimental y sigue dedicándose a sus negocios: visita a clientes, acude a notarías, hace gestiones inmobiliarias…, desconociéndose sus ingresos.

En Octubre de 2010 suscribió préstamo con Bancaja por importe de 14.500.-€ con garantía personal para la refinanciación de deuda anterior.

5) Que la Sra. Virginia trabaja en Bancaja, con un sueldo mensual de 1529.-€ netos de media, incluida una cantidad que se le retiene mensualmente. En el IRPF de 2009 declaró unas rentas de trabajo de 26.710.-€. Además percibe retribución variable por venta de inmuebles, habiendo percibido en la nómina de diciembre de 2010 la cantidad de 2.600.-€, y en la de enero de 2011, 637.-€. Su jornada de trabajo es de mañanas y dos tardes al mes, en las que al niño lo recoge del colegio su padre o su compañero actual.

Durante la convivencia las partes llevaban un buen nivel de vida; adquirieron un chalet en San Antonio de Benagéber, gravado con un préstamo hipotecario que se satisface con la renta que está abonando el inquilino del mismo, adquirieron dos vehículos BMW que siguen utilizando, tenían ayuda doméstica, convinieron llevar al niño a un colegio privado bilingüe.

6) El hijo de las partes estudia en el British Collage La Cañada, con un coste mensual de 660.-€ de media mensual, además del gasto de material, uniforme… Cuenta con un seguro médico privado de Adeslas que supone 28,62.-€ al mes.

Al producirse la ruptura el demandado ingresaba 1.500.-€ mensuales a la esposa y desde marzo de 2010 hasta que se dictaron las medidas previas 400.-€ de alimentos y 305.-€ de la mitad de colegio de hijo. Desde hace meses la demandante está siendo ayudada económicamente por sus familiares.

SEGUNDO .- En la sentencia de primera instancia se atribuyó la custodia del menor a la madre, fijándose una pensión de alimentos a favor del hijo de 720 euros mensuales, correspondiendo la atribución de la vivienda familiar a la esposa e hijo común. Se declaraba que “Del pago de los préstamos que gravan dicho inmueble, en tanto no se modifique el título constitutivo se harán cargo ambas partes”.

La sentencia de la Audiencia Provincial, desestimó el recurso de apelación, declarando que ” en cuanto al abono del préstamo hipotecario que grava la vivienda que fuera familiar y que es propiedad privativa de la esposa, habida cuenta del régimen económico matrimonial que rigió el matrimonio, y habida cuenta de los conocimientos financieros e inmobiliarios que se le suponen al recurrente por ser ésta profesión, la Sala comparte la argumentación argüida por la Juzgadora de instancia para mantener el pronunciamiento recurrido, esto es el que deban seguir abonándose por mitad, máxime si ambos se obligaron a ello frente al banco y fue obtenido en atención a la capacidad económica de ambos; y máxime si, finalmente, el ordenamiento jurídico permite al recurrente resarcirse de lo pagado a través del ejercicio de la oportuna acción “.

TERCERO .- Motivo único.Vulneración de lo dispuesto en los artículos 90 y 91 del Código Civil y del principio de prohibición del enriquecimiento injusto, presentando interés casacional la resolución del recurso, a tenor de lo previsto en el art. 477 Ley de Enjuiciamiento Civil , pues existe jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo que determina que el pago de las cuotas hipotecarias de la vivienda familiar no constituye una carga familiar al tratarse de una cuestión ajena al procedimiento de divorcio y que por lo tanto debe excluirse del fallo de la sentencia de divorcio, por ser una obligación afectante exclusivamente al aspecto patrimonial de las relaciones entre los cónyuges .

Se desestima el motivo .

El recurrente alega que el pago de las cuotas hipotecarias de la vivienda familiar no constituye una carga del matrimonio, “al tratarse de una cuestión ajena al procedimiento de divorcio y que por lo tanto debe excluirse del fallo de la sentencia de divorcio, por ser una obligación afectante exclusivamente al aspecto patrimonial de las relaciones entre cónyuges”, unido a que los esposos contrajeron matrimonio en régimen de separación de bienes y tratarse de un bien privativo de la esposa. Esta postura fue apoyada por el Ministerio Fiscal en vía de informe durante la tramitación del recurso de casación.

La parte recurrida reconoce que no se trata de una carga familiar y que la referencia que se hace en la sentencia al pago del préstamo hipotecario lo es exclusivamente en su condición de coprestatarios, resultando ambos obligados en tanto no se modifique el título constitutivo.

Esta Sala en la sentencia invocada de 28 de marzo de 2011, rec. 2177/2007 , declaró que, el pago de las cuotas correspondientes a la hipoteca contratada por ambos cónyuges para la adquisición de la propiedad del inmueble destinado a vivienda familiar constituye una deuda de la sociedad de gananciales y como tal, queda incluida en el art. 1362, 2º CC y no constituye carga del matrimonio a los efectos de lo dispuesto en los arts. 90 y 91 CC .

Igualmente en la más reciente sentencia de 26-11-2012, rec. 1525 de 2011 , declaró: “La noción de cargas del matrimonio, dice la sentencia de 31 de mayo de 2006 , debe identificarse con la de sostenimiento de la familia, debiendo ser atendidas tales cargas por ambos cónyuges en cuanto abarcan todas las obligaciones y gastos que exija la conservación y adecuado sostenimiento de los bienes del matrimonio y los contraídos en beneficio de la unidad familiar, considerándose también como contribución el trabajo dedicado por uno de los cónyuges para la atención de los hijos comunes ( artículo 103-3ª del Código Civil ) . Pero no cabe considerar como cargas del matrimonio los gastos generados por ciertos bienes que, aun siendo de carácter común, no son bienes del matrimonio, pues precisamente el régimen económico vigente durante la convivencia matrimonial ha sido el de separación de bienes que excluye cualquier idea de patrimonio común familiar. En consecuencia… la normativa aplicable a tales bienes era la propia del régimen general de la copropiedad, y en concreto el artículo 393 del Código Civil , que establece que el concurso de los partícipes en las cargas será proporcional a sus respectivas cuotas, que se presumen iguales”.

En el mismo sentido la STS de 20 de marzo de 2013, rec. 1548/2010 :

“Resulta aplicable en el supuesto que nos ocupa la jurisprudencia de esta Sala, SSTS de 31 de mayo 2006 , 5 de noviembre de 2008 , 28 de marzo 2011 , 29 de abril de 2011 y 26 de noviembre de 2012 , según las cuales, la hipoteca no puede ser considerada como carga del matrimonio, en el sentido que a esta expresión se reconoce en el artículo 90 CC , porque se trata de una deuda contraída para la adquisición del inmueble que debe satisfacerse por quienes ostentan título de dominio sobre el mismo de acuerdo con lo estipulado con la entidad bancaria, en este caso por ambos cónyuges, con independencia de si su disfrute es otorgado a un concreto copropietario y, por tanto, el pago de la hipoteca cuando ambos cónyuges son deudores y el bien les pertenece, no puede ser impuesta a uno solo de ellos, sino que debe ser relacionado y resuelto de acuerdo con el régimen de bienes correspondiente a cada matrimonio, que en el caso es el de separación de bienes”.

Según la STS de 31 de mayo de 2006 , “la noción de cargas del matrimonio debe identificarse con la de sostenimiento de la familia, debiendo ser atendidas tales cargas por ambos cónyuges en cuanto abarcan todas las obligaciones y gastos que exija la conservación y adecuado sostenimiento de los bienes del matrimonio y los contraídos en beneficio de la unidad familiar, considerándose también como contribución el trabajo dedicado por uno de los cónyuges para la atención de los hijos comunes ( artículo 103.3.ª CC ) . Pero no cabe considerar como cargas del matrimonio los gastos generados por ciertos bienes que, aun siendo de carácter común, no son bienes del matrimonio, pues en el año 2004 otorgaron los esposos la correspondiente escritura de capitulaciones matrimoniales y se acogieron al régimen de separación de bienes y la vivienda familiar que está gravada con la hipoteca la adquirieron por compra en el año 2006. En consecuencia, la normativa aplicable a tal bien era la propia del régimen general de la copropiedad y, en concreto, el artículo 393 CC , que establece que el concurso de los partícipes en las cargas será proporcional a sus respectivas cuotas, que se presumen iguales.”

La descripción más ajustada de lo que puede considerarse cargas del matrimonio la encontramos en el art. 1362, 1ª del C. Civil , mencionando los gastos relativos al sostenimiento de la familia, alimentación y educación de hijos comunes y las atenciones de previsión acomodadas a los usos y circunstancias de la familia, que se limita a los esposos y sus hijos.

En la sentencia recurrida se respeta el acervo jurisprudencial antes expuesto, en cuanto no perturba el concepto de cargas del matrimonio, dado que se limita a constatar que la vivienda familiar es privativa de la esposa y que se concertó el pago del préstamo hipotecario por ambos cónyuges y a ello se obligaron frente al banco, por lo que se limita a reflejar el ámbito obligacional concertado voluntariamente por los litigantes, sin mencionar que ello constituya una carga del matrimonio, como reconoce la parte recurrida, razón por la que procede desestimar el recurso, dado que no se aprecia el interés casacional alegado, pues la resolución recurrida se ajusta a la doctrina jurisprudencial expuesta, sin apartarse de la misma.

Igualmente es razonable que se haya hecho mención en la sentencia a la titularidad de la vivienda y al crédito hipotecario existente, y forma de pago convenida, en cuanto se trata de vivienda privativa de la esposa, que fuera familiar.

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