Proporcionalidad de la pensión de alimentos. Prueba en la segunda instancia en los procesos matrimoniales

STS, Civil sección 1 del 27 de enero de 2014 ( ROJ: STS 50/2014)

Recurso: 1712/2012 | Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA

 

PRIMERO.- Se formula un doble recurso, extraordinario por infracción procesal y de casación, que tiene su origen en un juicio verbal de alimentos y régimen de guarda y custodia de los tres hijos menores del matrimonio de doña Tarsila y don Justiniano , ahora recurrente.

 

El primero de ellos surge, de un lado, porque se le ha denegado las pruebas solicitadas en el recurso de apelación con las que pretendía acreditar la falta de ingresos que le impiden satisfacer la cantidad de 450 euros mensuales a que le condena la sentencia en concepto de alimentos para los tres hijos del matrimonio. con infracción del artículo 752 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que establece reglas especiales respecto a la prueba en los procedimientos sobre incapacidad, filiación, matrimonio y menores, así como del artículo 460,1 y 2. 3 de la misma ley , relativo a la solicitud de prueba formulada en segunda instancia, y, de otro, porque se aprecia arbitrariedad e ilógica valoración de la prueba puesto que la cantidad concedida para alimentos, no refleja su situación económica actual, infringiendo el artículo 24 de la CE .

 

El segundo tiene que ver con el artículo 146 del Código Civil , y la jurisprudencia que lo interpreta, que entiende que ha sido vulnerado puesto que no existe ninguna proporcionalidad entre las necesidades de los hijos y sus ingresos que según la sentencia asciende a la cantidad de 245 euros mensuales, los cuales ni si quiera los percibe en la actualidad, como ha pretendido justificar.

 

RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL.

 

SEGUNDO.- Se desestiman ambos motivos. En efecto, la regla de la prueba presenta una excepción en el artículo 752 LEC en los procedimientos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores, del artículo 271.1 LEC y del propio artículo 460 LEC , dada la naturaleza del objeto del proceso, para permitir, frente a lo dispuesto en otros procesos: a) la posibilidad de alegar e introducir prueba a lo largo del procedimiento, y b) que el Tribunal decrete de oficio cuantas pruebas estime pertinentes.

 

Esta Sala ha aplicado esta disposición en las SSTS de 5 octubre ; 13 junio , 25 abril , y 2 de noviembre de 2011 .

 

Ahora bien, una cosa es que en el juicio matrimonial se puedan tomar en consideración hechos posteriores a la presentación a la demanda o que se flexibilice la prueba para permitir que dichos procesos se decidan con arreglo a los hechos que hayan sido objeto de debate y resulten probados, con independencia del momento en que hubieren sido alegados o introducidos de otra manera en el procedimiento, y otra distinta que el Juez no pueda controlar estos nuevos hechos y pruebas, especialmente referidos a la tutela de los derechos de los hijos menores, en cuanto puedan resultar afectados por los mismos, para impedir su incorporación al proceso, mediante una motivación constitucionalmente admisible que tome en consideración si la falta de actividad probatoria se traduce en una efectiva indefensión de la recurrente, por ser la prueba propuesta y denegada decisiva en términos de defensa, y si, en definitiva, afecta a los intereses que especialmente se tutelan en este proceso.

 

En el presente caso la Audiencia expuso las razones determinantes de la denegación de la prueba en su auto de 25 de enero de 2012, ratificado en otro posterior. Se aduce el carácter excepcional y restrictivo de la práctica de la prueba en la segunda instancia y se niega en concreto la admisión de la prueba documental que se acompañó al recurso pues “en cuanto al informe de vida laboral, hay que manifestar que el mismo ya obra en los autos al folio77, por lo que resulta innecesaria la nueva incorporación de la vida laboral del apelante “, añadiendo sobre los otros documentos relativos al contrato laboral de fecha 24 de noviembre de 2009 y a las nominas de abril y marzo de 2011, que “no concurre ninguno de los supuestos previstos en el artículo 460.1 y 2, pues por la fecha de los documentos se pudieron aportar en el acto de la vista celebrada el 1 de junio, amén de que en los autos ya obran nominas del apelante y contrato laboral “. Se trata de una resolución razonable, motivada y en ningún caso arbitraria puesto que lo que no es posible es proceder a una investigación laboral y patrimonial del recurrente, como se interesa, “que podría poner de manifiesto hechos relevantes para la decisión del pleito”, ni tampoco es posible descalificar la decisión judicial dictada en ejercicio de la función que les propia, sin combatir los argumentos que la justifican, mas allá de la cita del artículo 752.

 

Pero es que, además, su carácter no decisivo resulta de la propia argumentación del recurrente que, negando cualquier tipo de ingresos, reclama en este recurso una reducción de la cuantía fijada en segunda instancia “de acuerdo con la situación económica” acreditada a los largo del procedimiento en la cantidad de 50 a 70 euros mensuales por cada uno de sus tres hijos.

 

TERCERO.- Ocurre lo mismo con el segundo motivo. Es cierto que el artículo 24.2 CE ha constitucionalizado el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes como un derecho fundamental, ejercitable en cualquier tipo de proceso ( SSTC, 10 de noviembre 1997 , de 26 de junio 2000 , 9 de septiembre 2013 ), con la consecuencia de que en ningún caso podrá considerarse menoscabado este el derecho cuando la inadmisión de una prueba se ha producido debidamente en aplicación estricta de normas legales cuya legitimidad constitucional no puede ponerse en duda ( SSTC 49/1987 , 212/1990 ). Pero lo que se combate en el motivo no son los hechos de la sentencia sino la regla de proporcionalidad que en función de los mismos establece el artículo 146 del Código Civil , lo que es propio del recurso de casación.

 

RECURSO DE CASACION.

 

CUARTO.- El recurso se desestima como el anterior. La jurisprudencia de esta Sala ha declarado repetidamente que el juicio de proporcionalidad del artículo 146 CC “corresponde a los tribunales que resuelven las instancias y no debe entrar en él el Tribunal Supremo a no ser que se haya vulnerado claramente el mismo o no se haya razonado lógicamente con arreglo a la regla del art. 146 “, de modo que la fijación de la entidad económica de la pensión “entra de lleno en el espacio de los pronunciamientos discrecionales, facultativos o de equidad, que constituye materia reservada al Tribunal de instancia, y por consiguiente, no puede ser objeto del recurso de casación” ( SSTS de 21 noviembre de 2005 ; 26 de octubre 2011 ; 11 de noviembre 2013 , entre otras). La sentencia recurrida dice lo siguiente ” la cantidad de 150 Eur., señalada como pensión de alimentos para cada uno de los hijos, no quebranta el principio de proporcionalidad, previsto en el artículo referido (146 CC), pues dicha cantidad se considera ponderada y equitativa en función de las necesidades de los menores, derivadas del derecho de alimentos de que son titulares, con la extensión que define el artículo 142 del Código Civil , al tiempo que se estima que es susceptible de hacerla efectiva por el obligado y progenitor de los menores, aunque los ingresos de éste sean de un bajo nivel, y ello tras tomar en consideración en el presente caso que el apelante desarrolla actividad laboral desde el 24-11-2008 en la entidad MEDICAS, S.L., según informe de vida laboral obrante al folio 77″ . Es decir, la sentencia establece un juicio razonado de proporcionalidad en función de una estimación de los ingresos que percibe el recurrente por el tipo de trabajo que desarrolla, que la Sala debe mantener, cuando en el propio recurso, fuera de toda lógica argumental, se insta exclusivamente la reducción de la prestación cuestionando la regla de proporcionalidad exigida entre necesidad y medios, que la sentencia tuvo en cuenta.

 

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2 Comments

  1. Me adhiero al pronunciamiento de la resolución, pues la proporcionalidad en función de los ingresos ha de llevar al juzgador a establecer la pensión de alimentos.
    Sí es cierto que la conyuntura actual es muy complicada, y que hay progenitores que no pueden afrontar la cantidad que fue estimada en su momento, pero para ello existe el proceso judicial pertiente, teniendo en cuenta que la pensión que en su caso hubiere de modificarse se deba a una auténtica modificación de las circunstancias y no algo coyuntural como ha ocurrido en multitud de procesos que se han instado por ese motivo.

    1. Efcetivamente, El Tribunal Spremo hace hincapie que este juicio de ponderacion y proporicionalidad corresponde de manera soberana al juez de instancia que debe y puede obrar con plena discreccionalidad (que no arbitrariedad),discreccionalidad que le obliga a razonar y motivar debidamente su decisión.

      Gracias por tu comentario Maria Dolores,

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