¿Es válido un pacto prematrimonial que penalice económicamente la ruptura?

Pacto prematrimonialEntre los diversos pactos de carácter patrimonial que pueden alcanzar los cónyuges o futuros cónyuges en previsión de una futura ruptura matrimonial, existen algunos que pueden presentar alguna duda respecto de su licitud, validez y consiguiente eficacia.

     En este punto conviene recordar que ya desde la STS 1ª 22 de abril de 1997, en principio, los convenios entre cónyuges o futuros cónyuges que contienen previsiones económicas para una futura ruptura matrimonial son un negocio jurídico de Derecho de Familia. La STS 1ª de 25 de junio de 1987 declara expresamente que se atribuye transcendencia normativa interpartes a los pactos de regulación de las relaciones económicas entre los cónyuges para los tiempos posteriores  a la separación matrimonial.

     Pues bien, entre esas convenciones de dudosa validez y licitud establecidos entre los cónyuges o futuros cónyuges podemos encontrar los que señalan una indemnización o cláusula penal para el caso de ruptura matrimonial.

    En este sentido, aunque de momento apenas han llegado a los tribunales españoles, cabe referirse a los que consisten en fijar una sanción económica, a modo de cláusula penal, para el supuesto de la eventual separación o divorcio.

   Un acuerdo de este tipo es el analizado en la SAP Almería de 17 de febrero de 2003; en el caso enjuiciado se establecía la obligación del marido, en el supuesto de cese de la convivencia conyugal, de indemnizar a su mujer determinada cantidad después de transcurrido el primer año de convivencia; cantidad que se incrementaría progresivamente en función de los años de convivencia del matrimonio. En concreto, literalmente se pactaba que : “En caso de cese de la convivencia conyugal, durante el primer año, D. Juan Ramón asume la obligación de indemnizar a Dª Marcelina en la cantidad de un millón de pesetas, después de transcurrido el primer año de convivencia al millón de pesetas se sumaría la cantidad de ochenta y tres mil trescientas treinta y tres pesetas por mes transcurrido de convivencia. Todo ello sin perjuicio de los efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio prevenidos en el Código Civil, a la necesidad de aprobación judicial, y con independencia de la pensión compensatoria prevista en el artículo 97 del citado texto legal”. (Obsérvese que se señala una indemnización con independencia de la prestación compensatoria del Art. 97 C.C).

    La Audiencia almeriense decreta que este tipo de cláusula es nula de pleno derecho por aplicación del Art. 1328 C.C, que considera así cualquier estipulación limitativa de los derechos que corresponden a cada cónyuge. Se argumenta que, de admitirse la validez de la estipulación se estarían autorizando cláusulas penales que limitarían el derecho a la separación matrimonial, reconocido implícitamente en el Art. 32.2 de la Constitución, lo que no es admisible y supondría un retroceso en el régimen de derechos de los cónyuges pues colocaría a uno de ellos en desigualdad no sólo con respecto al otro en el ámbito de ese matrimonio sino en general con los demás al limitarse la posibilidad de instar esa separación matrimonial. Asimismo el Tribunal entiende que se atenta contra el principio de igualdad de los cónyuges desde el momento en que la convivencia matrimonial se condiciona, en cuanto a su cese, por medio de una cláusula penal que con el transcurso del tiempo puede hacer muy gravoso o de casi imposible cumplimiento el abono de la indemnización contractual.

    La conclusión a la que llega la Audiencia almeriense, no obstante, ha encontrado el disfavor de la Doctrina.

     1.- Discrepa de esta postura Garcia Rubio (“Los pactos prematrimoniales de renuncia a la pension compensatoria en el Código Civil”. Anuario de Derecho Civil , 2003, pag. 1669-70) entendiendo que dicho pacto debe reputarse plenamente válido y eficaz, oponiendo al razonamiento empleado por la Audiencia las dos objeciones siguientes: de un lado, que la consideración de que la pena convencional pactada limita el presunto derecho constitucional a separarse del obligado a su pago, olvida que la declaración de nulidad de la cláusula puede impedir el -este sí- derecho constitucional expreso a contraer matrimonio de quienes deseen hacerlo con acuerdos como el descrito; y de otra parte, aduce la citada autora, debe tenerse en cuenta que el esposo obligado tendrá tanto menos que pagar cuanto antes se separe, lo cual, al contrario de lo que afirma la Audiencia, más que impedir, induce a la separación.

      2.- A estos argumentos añadiría yo que resulta un verdadero contrasentido que, partiendo de la declarada plena validez de los pactos económicos entre cónyuges en previsión de una ruptura matrimonial, se pretenda declarar nula una cláusula como la descrita, suscrita y asumida por el propio obligado a su cumplimiento en uso de su autonomía privada; la interpretación que ha de darse a este tipo de pactos patrimoniales debe ser absolutamente contractualista. Desde este punto de vista y si a tenor del Art. 1255 C.C los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público y si los contratos son obligatorios siempre que concurran los elementos esenciales para su validez (consentimiento, objeto y causa) como dispone el Art. 1261 C.C, y si no se demuestra en el pleito la falta de concurrencia de estos requisitos, la cláusula analizada debiera haber sido declarada plenamente válida y eficaz.

    Esta es precisamente la dirección de las más actuales y recientes resoluciones del Tribunal Supremo sobre la materia, como puede comprobarse en la STS 1ª de 31 de marzo de 2011 en la que se recoge y recopila toda la Jurisprudencia del Alto Tribunal sobre los pactos prematrimoniales de carácter económico en precisión de una futura ruptura.

     

¿te ha parecido interesante y útil este artículo? Compártelo en tus redes sociales : A otras personas tambien les puede interesar.

Si quieres recibir las próximas entradas, suscríbete al Blog

Anuncios

3 Comments

  1. A mí me parece que este tipo de pactos han de ser válidos. Después de todo, no son más que la regulación concreta del derecho de disenso de común acuerdo como causa de extinción del contrato. El problema de los negocios jurídicos en Derecho de Familia creo que está muy “condicionado” por la tradición eclesiástica del matrimonio, pero si lo limitamos a un contrato, no debe haber ninguna diferencia con otro tipo de contratos donde el mutuo disenso está libremente admitido o incluso el desistimiento unilateral por parte de uno de los contratantes. Un tema muy interesante para profundizar.

    1. Joaquin: Tu postura está en línea a lo que expreso en el articulo. Respecto a los negocios de familia, además de la influencia de la tradicion religiosa que señalas, tampoco es desdeñable la prejuiciosa y obsoleta idea de que la mujer, por una hipotética debilidad ante el hombre o supuesta menor capacidad jurídica, debe tener una especial protección judicial a la hora de calibrar la validez o nulidad de este tipo de negocios…En esta línea se puede enmarcar el Art. 90 C.C que impide la aprobacion judicial de acuerdos en Convenio Regulador “..cuando sea gravemente perjudicial para uno de los cónyuges…”. El principio de igualdad consagrado por la Constitucion ha de prevalecer en todo caso salvo la constatación de evidente y palmario abuso de derecho o falta de buena fe, o falta de los requisitos para la validez del consentimiento en la suscripcion del pacto entre los cónyuges..

  2. Joaquin: Tu postura está en línea a lo que expreso en el articulo. Respecto a los negocios de familia, además de la influencia de la tradicion religiosa que señalas, tampoco es desdeñable la prejuiciosa y obsoleta idea de que la mujer, por una hipotética debilidad ante el hombre o supuesta menor capacidad jurídica, debe tener una especial protección judicial a la hora de calibrar la validez o nulidad de este tipo de negocios…En esta línea se puede enmarcar el Art. 90 C.C que impide la aprobacion judicial de acuerdos en Convenio Regulador “..cuando sea gravemente perjudicial para uno de los cónyuges…”. El principio de igualdad consagrado por la Constitucion ha de prevalecer en todo caso salvo la constatación de evidente y palmario abuso de derecho o falta de buena fe, o falta de los requisitos para la validez del consentimiento en la suscripcion del pacto entre los cónyuges..

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s