Pensión compensatoria: Elementos a tener en cuenta para apreciar el desequilibro. Ausencia de éste.

STS, Civil sección 1 del 04 de Diciembre del 2012 ( ROJ: STS 8531/2012) Recurso: 691/2010 | Ponente: JUAN ANTONIO XIOL RIOS

PRIMERO.- Resumen de antecedentes.

1. Tras siete años de matrimonio, en noviembre de 2008, D.ª Rosana formuló demanda de divorcio contencioso contra su marido, D. Celso , quien mediante reconvención solicitó el establecimiento a su favor de una pensión compensatoria por importe de 3 000 euros mensuales. El marido, de 39 años de edad, fundó esta pretensión, en síntesis, en el desequilibrio causado por la ruptura con respecto a la situación económica de la que disfrutaba constante matrimonio, pues mientras que él prácticamente carecía de ingresos (alegó que se quedó en situación de desempleo el mismo año 2001 en que se casó, y que a partir de entonces su plena dedicación a la familia y al cuidado del hijo menor -nacido el NUM002 de 2004-, solo le había permitido trabajar esporádicamente como abogado del turno de oficio, con unos ingresos que a penas cubrían sus gastos profesionales), su esposa, además de disfrutar del alto nivel de vida que podía permitirse por proceder de una adinerada familia y contar con numerosos inmuebles y participaciones en sociedades, se había podido beneficiar de la dedicación del marido a la familia y al cuidado del hijo común, logrando así mejorar su expectativas y ganancias laborales (según decía, se habían duplicado en el periodo 2002 a 2004).

2. La esposa se opuso por considerarla improcedente, con fundamento en que ningún desequilibrio puede apreciarse en supuestos como el de autos en que ambos cónyuges tienen ingresos por su trabajo, no debiéndose valorar a tales efectos el patrimonio familiar de la esposa. También negó tener más propiedades a su nombre que la vivienda en la que residía.

3. El Juzgado declaró el divorcio y, en lo que aquí interesa, rechazó la pretensión de conceder la pensión compensatoria solicitada por entender que la ruptura no había generado la situación de desequilibrio que constituye su presupuesto, habida cuenta que el cese de la convivencia no había sido obstáculo para que cada una de las partes continuara desarrollando su actividad profesional. Declaró probado que los ingresos mensuales de la esposa no excedían de 30 000 euros, y que el esposo, abogado de profesión, se había dado de baja en el turno de oficio sin motivos aparentes.

4. La AP rechazó el recurso del marido y confirmó la sentencia apelada en su totalidad. Por lo que ahora interesa, declaró que no ha lugar a apreciar desequilibrio en un supuesto en que se había probado la cualificación y las aptitudes profesionales del recurrente (y por ende, la posibilidad de obtener ingresos con los que superar esa situación), sin perjuicio de los altibajos ocasionales que resultan inherentes a su actividad de abogado. En relación con su desempeño profesional, la sentencia también rechazó la petición de que se le asignara el uso del anexo de la vivienda familiar en la que tenía su despacho de abogado, por tratarse de un espacio unido a aquella.

5. Contra ésta última sentencia formula la parte reconviniente y apelante, D. Celso , sendos recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, los cuales han sido admitidos en su integridad por auto de 11 de enero de 2011. En esta resolución también se acordó evacuar traslado al Ministerio Fiscal de la solicitud de prueba documental formulada por el recurrente mediante escrito de 15 de octubre de 2010.

6. El Ministerio Fiscal se ha opuesto a los recursos y a la admisión de la referida documental.

(…)

II. RECURSO DE CASACIÓN

SEXTO.- Enunciación del motivo primero y único de casación.

El motivo denuncia la infracción del artículo 97 CC , en redacción dada por Ley 15/2005, de 8 de julio, y la existencia de interés casacional tanto por oposición a jurisprudencia de esta Sala, establecida en SSTS de 10 de marzo de 2009 y 17 de julio de 2009 , como por inexistencia de doctrina sobre norma de vigencia inferior a cinco años.

En síntesis se defiende que no es bastante para descartar la situación de desequilibrio el dato acreditado de que ambos cónyuges trabajan, pues el artículo 97 CC , en la interpretación sostenida por la jurisprudencia de esta Sala, impone al órgano judicial confrontar la situación económica de ambos cónyuges junto al resto de factores (edad, duración del matrimonio, etc.), de tal forma que la pensión compensatoria, por no ser una pensión alimenticia o fundada en la necesidad del beneficiario, es compatible con la circunstancia de que cada uno tenga medios suficientes para subsistir (independencia económica).

El motivo debe ser desestimado.

SÉPTIMO.- Control en casación de la decisión de la Audiencia Provincial respecto de la pensión compensatoria.

A) 1. Concepto de desequilibrio compensable. Entre las más recientes, las SSTS de 22 junio de 2011, RC n.º 1940/2008 ; 19 de octubre de 2011, RC n.º 1005/2009 , 10 de enero de 2012, RC n.º 802/2009 y 23 de enero de 2012, RC n.º 124/2009 resumen la doctrina de esta Sala sobre la naturaleza de la pensión compensatoria, en particular, respecto del concepto de desequilibrio y del momento en que este debe producirse.

Como ya se anticipó al resolver el recurso extraordinario por infracción procesal, por desequilibrio ha de entenderse un empeoramiento económico en relación con la situación existente constante matrimonio que debe resultar de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de la ruptura. Puesto que por su configuración legal y jurisprudencial la pensión compensatoria no tiene por finalidad perpetuar, a costa de uno de sus miembros, el nivel económico que venía disfrutando la pareja hasta el momento de la ruptura, sino que su objeto o finalidad legítima es lograr reequilibrar la situación dispar resultante de aquella, no en el sentido de equiparar plenamente patrimonios que pueden ser desiguales por razones ajenas a la convivencia, sino en el de colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura del vínculo matrimonial en una situación de potencial igualdad de oportunidades laborales y económicas respecto de las que habría tenido de no mediar el vínculo matrimonial, es razonable entender:

a) que el desequilibrio que debe compensarse ha de tener su origen en la pérdida de derechos económicos o legítimas expectativas por parte del cónyuge más desfavorecido por la ruptura, a consecuencia de su mayor dedicación al cuidado de la familia, de manera que carece de interés a tal efecto el desequilibrio cuyo origen no se encuentra en esa mayor dedicación a la familia y a los hijos, inversamente proporcional a la disponibilidad para estudiar y desarrollar una actividad profesional, sino en otros factores como pueden ser la diferente aptitud, formación o cualificación profesional de cada uno de los miembros de la pareja al margen de aquella ( SSTS de 3 de octubre de 2008, RC n.º 2727/2004 ; 27 de junio de 2011, RC n.º 599/2009 , 10 de enero de 2012, RC n.º 802/2009 y 23 de enero de 2012, RC n.º 124/2009 ).

b) que dicho desequilibrio que da lugar a la pensión debe existir en el momento de la separación o del divorcio, y no basarse en sucesos posteriores, que no pueden dar lugar al nacimiento de una pensión que no se acreditaba cuando ocurrió la crisis matrimonial.

2. Elementos que deben tenerse en cuenta para su apreciación (y para el reconocimiento del derecho a pensión, su cuantificación y duración). A la hora de apreciar dicho desequilibrio, también se ha dicho constantemente a raíz de la STS de 19 de enero de 2010, de Pleno, RC n.º 52/2006 (luego reiterada en SSTS de 4 de noviembre de 2010, RC n.º 514/2007 ; 14 de febrero de 2011, RC n.º 523/2008 ; 27 de junio de 2011, RC n.º 599/2009 , y 24 de noviembre de 2011, RC n.º 567/2010 , entre las más recientes) que las circunstancias comprendidas entre los factores que enumera el artículo 97 CC tienen la doble función de actuar como elementos integrantes del desequilibrio y como elementos que permitirán fijar la cuantía de la pensión, así como su duración (indefinida o por tiempo determinado), en cuanto permiten valorar la idoneidad o aptitud del beneficiario o beneficiaria para superar el desequilibrio económico en un tiempo concreto, y, así alcanzar la convicción de que no es preciso prolongar más allá su percepción por la certeza de que va a ser factible la superación de aquel. Con relación a este último aspecto (duración) la doctrina declara que las conclusiones alcanzadas por el tribunal de apelación, ya sea en el sentido de fijar un límite temporal a la pensión, ya en el de justificar su carácter vitalicio, deben ser respetadas en casación siempre que aquellas sean consecuencia de la libre y ponderada valoración de los factores a los que se refiere de manera no exhaustiva el artículo 97 CC y que han de servir tanto para valorar la procedencia de la pensión como para justificar su temporalidad, siendo posible la revisión casacional únicamente cuando el juicio prospectivo sobre la posibilidad de superar el inicial desequilibrio en función de los factores concurrentes se muestra como ilógico o irracional, o cuando se asienta en parámetros distintos de los apuntados por la jurisprudencia ( SSTS de 28 de abril de 2010, RC n.º 707/2006 ; 4 de noviembre de 2010, RC n.º 514/2007 ; 10 de enero de 2012, RC n.º 802/2009 y 23 de enero de 2012, RC n.º 124/2009 , entre las más recientes).

B) El expresado sentido y alcance de la doctrina mencionada determina que deba desestimarse el recurso.

En el presente supuesto, en contra de la tesis del recurrente, no se ha probado que la diferencia de ingresos entre los cónyuges traiga causa directa del sacrificio asumido por el marido durante el matrimonio por su mayor dedicación a la familia y en concreto por el cuidado del hijo menor común, ni que este sacrificio se encuentre también en relación directa con el progresivo incremento de los ingresos de la esposa por su trabajo durante el tiempo que duró el matrimonio (exclusión hecha de los ingresos o rendimientos derivados de bienes y derechos de los que ya disfrutaba antes del matrimonio y que tienen que ver con su superior estatus social y familiar). Tanto la AP como el Juzgado coinciden en que el solicitante tiene suficiente cualificación y aptitud profesional para llevar una vida independiente desde el punto de vista económico, conclusión asentada en datos fácticos que no es posible revisar en casación. Además, aunque no se mencione expresamente en la sentencia recurrida, el solicitante es una persona joven (39 años en el momento de la ruptura) que en ningún momento ha esgrimido (ni han sido acreditados) problemas de salud que le impidan continuar la misma actividad profesional que, según dijo el Juzgado y ratificó la AP, vino desempeñando sin mayor problema durante el tiempo de duración del matrimonio (7 años), ni se ha declarado probado en ninguna instancia que la relación matrimonial se convirtiera en obstáculo para el desarrollo profesional del marido, como no lo fue para la esposa, ni que fuera motivo de pérdida de derechos económicos o expectativas que de no mediar dicho vínculo pudiera haber obtenido. Por tanto cabe considerar como razonable la conclusión a la que se llegó en la instancia en cuanto que el matrimonio no supuso una rémora para ninguno de los esposos y la situación de cada uno al término de su relación más tenía que ver con los méritos, capacidades y aptitudes individuales o con factores ajenos o prexistentes (la procedencia socio-familiar de la esposa) que con la pérdida o el sacrificio que uno de ellos hubiera tenido que asumir en beneficio del otro. Es por esta razón que resulta de plena aplicación la doctrina que alude a que la simple desigualdad económica, cuando no es consecuencia de la mayor dedicación a la familia de uno de los esposos, no determina un automático derecho de compensación por vía del artículo 97 CC y a que el principio de dignidad contenido en el artículo 10 CE debe servir de argumento para justificar la independencia económica de los cónyuges una vez extinguido el matrimonio, a salvo los casos previstos en el art. 97 CC .

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