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Sociedad de gananciales: Acción de nulidad de liquidación efectuada en Convenio Regulador por haber concurrido dolo por parte del marido. Subsidiariamente, acción de rescisión de la liquidación por haberse causado lesión patrimonial.

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28 enero, 2013 por cristobalpinto

STS, Civil sección 1 del 09 de Junio del 2011 ( ROJ: STS 3633/2011) Recurso: 14/2008 | Ponente: ENCARNACION ROCA TRIAS

El Juzgado de 1ª Instancia estimó la acción de nulidad, y recurrida en apelación se estimó en parte el recurso de apelación por la Audiencia Provincial desestimando la petición principal pero estimando la petición subsidiaria de rescision del convenio regulador por lesión en más de la cuarta parte en la partición de bienes. No existe incongruencia, porque constituye doctrina consolidada de esta Sala que si se estima la petición principal de la demanda en la sentencia de la primera instancia, pero después se revoca la sentencia en apelación, la de segunda instancia debe pronunciarse sobre la petición subsidiaria formulada en la demanda. No se produjo renuncia a la acción de rescisión por lesión. Defectuosa técnica casacional. Supuesto de la cuestión

PRIMERO. Resumen de los hechos probados.

Los hechos probados están fijados en la sentencia de 1ª instancia y se mantienen en la de 2ª instancia. Se hace una síntesis para la mejor comprensión de los argumentos de la sentencia.

1º Dª María Cristina y D. Casiano contrajeron matrimonio en Castellón el 20 julio 1974. Su matrimonio se rigió por el régimen de gananciales hasta el 11 junio 1980, en que los cónyuges otorgaron escritura de capitulaciones matrimoniales y pactaron el régimen de separación de bienes. A pesar de ello, no liquidaron la sociedad.

2º En julio de 2003, los cónyuges presentaron demanda de separación, que se acordó por sentencia de 25 noviembre 2003 . Los cónyuges presentaron un convenio que fue sustituido por el definitivo de 15 octubre 2003, en el que se establecía un inventario con los bienes gananciales y se efectuaba una adjudicación. No figuraban las valoraciones de los bienes inventariados.

3º El marido presentó a continuación demanda de divorcio, que fue acordado por sentencia de 17 diciembre 2004 , que desestimó al mismo tiempo la reconvención de la esposa en relación a la pensión compensatoria.

4º Previamente a la interposición de la demanda de separación, los cónyuges suscribieron los siguientes documentos: a) contrato privado de 13 junio 2003 para la regulación de sus relaciones con motivo de la posterior interposición de la demanda de separación; b) escritura pública de 11 noviembre 2002 en la que constituyeron la sociedad “Alegre Caballero, S.L.”; c) documento privado de 25 junio 2003 por el que la sociedad AMIVI, S.L. cedía a los cónyuges un crédito de 120.000€ que tenía frente a “Alegre Caballero, S.L.”; d) compraventa de participaciones sociales de 25 junio 2003, por las que el marido Sr. Casiano , actuando como representante de las sociedades AMIVI, S.L y Eurogrup Canny, S.L., vendió a los cónyuges unas participaciones que estas sociedades ostentaban en “Alegre Caballero, S.L.”.

5º Se transfirieron una serie de bienes en el convenio regulador. Los adjudicados al marido Sr. Casiano tenían un valor global en la fecha de la liquidación de 23.787.953€; los adjudicados a la esposa tenían un valor de 1.120.556€, a los que debe añadirse el ajuar, joyas y peletería, cuyo valor no figuraba y “otros bienes (cuadros de Sorolla y otros)”, cuyo valor tampoco constaba.

6º Dª María Cristina demandó a su esposo. Ejercitó con carácter principal la acción de nulidad de la liquidación de la sociedad de gananciales efectuada en el convenio regulador de 15 octubre 2003, por haber concurrido dolo por parte del marido. Subsidiariamente, ejercitó la acción de rescisión de la liquidación por habérsele causado una lesión patrimonial superior a la cuarta parte.

7º La sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 7 de Castellón, de 3 julio 2006 , estimó la petición principal de la demanda. Declaró la nulidad de la liquidación y adjudicación de los gananciales por concurrencia de dolo del marido, “quien prevaliéndose de su posición de control en las empresas participadas por los cónyuges y el trastorno anímico de su esposa, contribuyó a elaborar una liquidación de la sociedad de gananciales claramente perjudicial para la esposa y en absoluto equitativa […]” .

8º Apeló D. Casiano . La sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, sección 2, de 3 septiembre 2007 estimó en parte el recurso de apelación y revocó la sentencia recurrida en el sentido de negar la concurrencia de vicio de la voluntad, pero apreció la existencia de lesión, por lo que procedía la rescisión por lesión de la liquidación y adjudicación de bienes. En síntesis, los argumentos que utilizó dicha sentencia son: a) el convenio regulador es un negocio jurídico impugnable a pesar de la homologación judicial; b) debía aplicarse el Art. 406 CC , porque los acuerdos se referían a la liquidación de una sociedad disuelta en 1980; c) interpretando el convenio, se llegaba a la conclusión de que no se produjo ninguna renuncia de la esposa a la acción de rescisión, porque no constaba de manera clara y terminante en ninguno de los documentos relativos a la liquidación de los bienes; d) la partición no fue una transacción y podía rescindirse por lesión en más de una cuarta parte; e) a pesar de que no existían precisiones sobre algunos de los elementos adjudicados, ni informes determinantes, “debe considerarse acreditada la lesión en más de una cuarta parte” , porque los lotes no eran homogéneos y la cantidad atribuida a la Sra. María Cristina fue importante, pero “la desproporción derivada del desigual reparto motivado por la atribución al Sr. Casiano de la totalidad de las acciones de AMIVI, S.A. es tal que no creemos que esos aspectos y esas partidas no debidamente valoradas y cuantificadas puedan excluir la lesión en más de una cuarta parte” , porque junto con la villa de Benicassim, “el valor de los mismos supera ampliamente los 23 millones de euros”; f) en suma, “deberían hacerse dos lotes por un importe mínimo (teniendo en cuenta tan solo dichos bienes) superior a los 11.500.00€. Dado que la Sra. María Cristina recibió 3.606.000€ en efectivo, la diferencia de valor entre lo que le correspondería y lo adjudicado sería de 7.849.000€, superior a la cuarta parte del valor de su lote (2.875.000€). La cuantía del perjuicio o lesión es superior a dicha cuarta parte” .

En consecuencia, estimó la existencia de lesión en la cuota atribuida a la esposa y remitió a las partes a efectuar una nueva partición, de acuerdo con las bases que se establecían en la sentencia.

9º D. Casiano presenta recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación. El auto de esta Sala de 27 octubre 2009 , admitió el recurso extraordinario por infracción procesal y el segundo motivo del de casación.

I. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL .

SEGUNDO. Motivo único . Infracción del Art. 218.1 LEC por existir incongruencia. La sentencia de 1ª instancia estimó la petición principal de la demanda, por lo que no se pronunció sobre el segundo pedimento, planteado de forma subsidiaria y relativo a la rescisión por lesión de la partición. La parte contraria no interpuso recurso de apelación, por haberse estimado la petición principal, ni impugnó solicitando que se le estimase la petición subsidiaria. De este modo, ni el Juzgado de 1ª instancia se pronunció acerca de la rescisión por lesión, ni se solicitó el pronunciamiento de la Audiencia Provincial sobre dicha rescisión. De ello se deduce que la Audiencia Provincial ha entrado a resolver una petición que no fue realizada por ninguna de las partes y que el Sr. Casiano , ahora recurrente, se encuentra con una decisión que no pudo impugnar en la interposición del recurso por el apelante.

El motivo no se estima.

Constituye doctrina consolidada de esta Sala que si se estima la petición principal de la demanda en la sentencia de la primera instancia, pero después se revoca la sentencia en apelación, la de segunda instancia debe pronunciarse sobre la petición subsidiaria formulada en la demanda, porque como afirma la STS de 21 noviembre 2002 , “[…]en la segunda instancia, la Audiencia, como Tribunal sentenciador, asume toda la jurisdicción sobre todas las cuestiones que surjan de las posiciones contradictorias mantenidas en la primera [instancia] y en su contestación[…]” .

La STC 91/2010, de 15 noviembre , en un caso semejante en el que la Audiencia Provincial no había entrado a estudiar la petición subsidiaria, por entender que había quedado al margen del debate procesal en la apelación, porque las partes no formularon expresamente la pretensión subsidiaria en la apelación, estimó la demanda de amparo por entender que se había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva. El TC alega “la doctrina constitucional relativa al derecho a una resolución judicial no viciada de incongruencia, como la atinente al derecho fundamental a una resolución judicial motivada y fundada en Derecho[…]”. Después de examinar la doctrina relativa a la incongruencia omisiva y a la falta de motivación, la STC citada dice: “En síntesis, afirmar categóricamente que, de pronunciarse sobre la pretensión subsidiaria se incidiría en incongruencia extra petita y reformatio in peius, sin exteriorizar razonamiento alguno que permita conocer que efectivamente el órgano ha constatado la vulneración del principio de contradicción y la concurrencia en el caso de indefensión material es una argumentación irrazonable” , porque había dicho en el FJ 9 que “afirmar de forma axiomática que no se conoce de la pretensión a fin de no incidir en incongruencia extra petita y reformatio in peius, permite indebidamente a la sentencia omitir cualquier razonamiento sobre lo relevante a efectos constitucionales, esto es, si debatir en la apelación la pretensión subsidiaria provoca efectivamente, no potencialmente, en el caso concreto, una privación o minoración sustancial del derecho de defensa y un menoscabo sensible de los principios de contradicción y de igualdad de las partes en el proceso” . (Asimismo SSTC218/2003).

Por ello, la STS de 19 febrero 2009 dice que “Tratándose de pretensiones subsidiarias, la doctrina de esta Sala es clara en el sentido de que, estimada la pretensión principal de la demanda, no cabe exigir al demandante que cautelarmente apele o se adhiera a la impugnación del demandado para que, en caso de prosperar esta, se considere o reconsidere su pretensión subsidiaria, pues la estimación de su pretensión principal comporta que la sentencia de primera instancia no le perjudica en nada y en nada le resulta desfavorable”.

Teniendo, pues en cuenta la anterior doctrina, procede aplicarla al presente recurso extraordinario por infracción procesal, y así, debe concluirse que:

1º No se produjo indefensión del demandado/recurrente, porque conocía perfectamente las peticiones de la demanda y se pudo defender de ellas, como en realidad ocurrió, en la contestación, aportando cuantos datos y documentos consideró convenientes para su defensa.

2º Optar por la propuesta del ahora recurrente significaría producir una indefensión de quien había formulado la demanda con una petición principal y otra subsidiaria, porque se le negaría la tutela judicial efectiva, como señala la STC 91/2010 .

II. RECURSO DE CASACIÓN.

TERCERO. El segundo motivo del recurso de casación, único admitido, denuncia la infracción de los Arts. 1091, 1255, 1258, 1281, 1282 CC y doctrina de las SSTS de 22 febrero 1994 y 6 marzo 2003 . Se sostiene que en el convenio regulador se renunció a la acción de rescisión, renuncia que fue válida y al no estimarlo así, la Sala sentenciadora infringe los preceptos denunciados como vulnerados. Basa su argumentación en lo siguiente: a) es posible renunciar a la acción de rescisión por lesión; b) la renuncia se deduce claramente de una serie de expresiones contenidas en el convenio; c) debe aplicarse la doctrina de los propios actos; d) no se asignó un valor convencional a los bienes que formaban el inventario.

El motivo se desestima.

Son varias las razones por las que debe rechazarse este motivo:

1ª En primer lugar, se alegan como infringidos una serie de artículos del Código civil sin conexión con el objeto de este recurso que es, al parecer, la demostración de que a pesar de lo que se considera probado en la sentencia recurrida, se produjo la renuncia a la acción de rescisión. Estos artículos son, el Art. 1091 CC , relativo a las fuentes de las obligaciones; el Art. 1255 CC , regulador de la eficacia de los contratos y la autonomía de la voluntad y el Art. 1258 CC , regulador de la perfección del contrato;

2ª Se añaden, además, las infracciones de los Arts. 1281 y 1282 CC , olvidando que esta Sala ha declarado que el Art. 1281 contiene en sus dos párrafos, dos normas distintas relativas cada una de ellas a dos reglas para la interpretación de los contratos, por lo que debe especificarse cuál de ellas, a juicio del recurrente ha sido vulnerada, ya que, como dice la STS de 16 enero 2008 , “[…] dado el distinto criterio interpretativo que en cada uno se sienta (el primer párrafo en el objetivo o literal, el segundo, en el subjetivo o intencional) es claro que no pueden ser infringidos ambos en el mismo sentido, «al ser la norma del párrafo segundo del Art. 2181 de aplicación subsidiaria, al igual que las contenidas en los Arts. 1282 a 1289 , en relación con el precepto precedente supone contradicción en cuanto no es posible su infracción al mismo tiempo debido a que el segundo solo entra en juego cuando por falta de claridad de los términos del contrato no es posible aclarar, a través de ellos cuál sea la verdadera intención de los contratantes» ( SSTS de 1-2-2001 y 20-5-2004 )” .

3ª Ninguno de los artículos invocados como vulnerados tiene nada que ver con la renuncia que se dice realizada. Ninguno es idóneo para apreciar si se produjo una vulneración cuando la sentencia recurrida declaró que no hubo renuncia.

4ª El recurrente hace supuesto de la cuestión, pues haciendo caso omiso de lo que la sentencia declara como probado, pretende imponer su propia versión de los hechos y convencer de que se ha producido una renuncia, que la Sala ha excluido. Si lo que se quería era impugnar el resultado y la valoración de la prueba, debía haberse utilizado otro trámite distinto del recurso de casación.

CUARTO. La desestimación del recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación procesal de D. Casiano contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, sección 2ª, de 3 septiembre 2007 , determina la de su recurso.

La desestimación del recurso de casación interpuesto por la representación procesal de D. Casiano contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, sección 2ª, de 3 septiembre 2007 , determina la de su recurso.

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