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Convenios entre cónyuges: Validez y eficacia de los pactos de regulación de las relaciones económicas entre los cónyuges

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27 enero, 2013 por cristobalpinto

STS, Civil sección 1 del 25 de Junio del 1987 ( ROJ: STS 4423/1987) Recurso: | Ponente: JOSE  LUIS ALBACAR LOPEZ

Primero: Promovida por doña Ana María , ante el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Barcelona, demanda de juicio ordinario de mayor cuantía contra su esposo don Armando , con fecha 4 de febrero de 1986, recayó sentencia de la Audiencia Territorial de Barcelona en la que, confirmando la dictada por el referido Juzgado el 4 de octubre de 1984, se estimaba en parte la demanda, sentencia contra la que se interpuesto el presente recurso de casación por infracción de Ley y en el que se sientan, entre otros, los siguientes hechos: A) Que el día 6 de marzo de 1981 los cónyuges doña Ana María y don Armando llegaron a un acuerdo para regular, sin intervención judicial, su situación de crisis matrimonial que había desembocado, dos años antes, en el cese de la vida en común. B) Que en dicho acuerdo los cónyuges, separados de hecho desde el mes de diciembre de 1979, regularon «como cuestión previa a la interposición de los correspondientes procesos que resuelvan su status familiar» y «con carácter definitivo, aquellas materias que, por no afectar al orden público, son de su libre competencia», comprometiéndose a «presentar de inmediato demanda canónica de nulidad matrimonial»; estableciendo una distinción entre el régimen previo a la obtención de la nulidad canónica y el régimen posterior a ella, y acordando, dentro de este último, «una vez obtenida la nulidad canónica del matrimonio» que el señor Armando transmitiría a la señora Ana María una serie de bienes, libres de carga y gravamen. (Considerandos 1.° y 2.° de la sentencia del Juzgado, expresamente aceptados por la resolución recurrida.)

Segundo: El primero de los motivos del recurso denuncia infracción del articulo 1.258 del Código Civil , alegando que las sentencias recurridas conceden validez y eficacia a un acuerdo del Convenio Conyugal suscrito por los litigantes (Pacto Séptimo) e ignoran en cambio todas las demás consecuencias que por su naturaleza son conformes a la buena fe, al uso y a la Ley, motivo éste, de difícil inteligencia, en el que podía dudarse si la intención del recurrente es combatir la validez, que acepta la resolución recurrida, de la cláusula séptima del Convenio o, por el contrario, sostener la validez del resto de las cláusulas del mismo, negada por la Sala Sentenciadora, postura ésta que en modo alguno puede asumir el hoy recurrente, cuando, a lo largo del pleito, ha sostenido de manera firme y expresa, otra totalmente contraria, al solicitar en la contestación a la demanda la desestimación de la misma, lo que implicaba la nulidad de todas y cada una de las cláusulas del aludido convenio, por lo que, si ahora recabara la validez de alguna de ellas, iría terminantemente contra sus propios actos procesales, sin perjuicio de lo cual, este motivo debe ser rechazado en atención a las siguientes razones: Primera: Que la validez de los pactos reguladores de la separación privada o no judicial del matrimonio ha venido siendo tradicionalmente contestada tanto por la legislación como por doctrina científica y jurisprudencial, y en este sentido cabe citar cómo ya las Partidas exigían la intervención de la autoridad canónica, «porque el pleito de departir en el matrimonio es muy grande y muy peligroso de librar», descartando la intervención de arbitros; y que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, interpretando el precepto del artículo 1.814 del Código Civil , los reputaba contrarios a las normas de la institución familiar, confiadas a la salvaguardia de los Tribunales, entendiendo que implicaban una situación anómala e incompatibles con los deberes matrimoniales que el Código Civil exige, lo que origina que sus consecuencias no fueran jurídicamente protegibles (Sentencias de 19 de diciembre de 1932, 17 de junio de 1949, 28 de febrero de 1969 y 17 de junio de 1972). Segunda: Contrariamente, la doctrina jurisprudencial ha venido mostrando una mayor permisibilidad en relación con los llamados pactos alimentarios, que regulan la prestación de asistencia económica entre los esposos que, aun vigente el vínculo matrimonial, se hallan separados de hecho, y así, si bien en un principio, y hasta fechas relativamente recientes. esta Sala se mostró contraria a la validez de tales convenios, declarando en su Sentencia de 9 de noviembre de 1957 que carece de acción para pedir alimentos la mujer casada que vive de hecho y por su voluntad separada del marido, sin haber perdido su depósito ni solicitado la intervención judicial, ante el notorio incremento que en estos últimos años han venido alcanzando en nuestra sociedad las situaciones de separación matrimonial de hecho, y en aras de una interpretación cronológica de las normas reguladoras de las instituciones jurídicas, se ha llegado a un más favorable tratamiento de los pactos alimentarios, que comenzó en la ya citada sentencia de 28 de febrero de 1969, en la que, tras de proclamar lo anómalo de las situaciones de separación matrimonial de hecho, aclara que ello no priva a los cónyuges «de un modo genérico y sin atender a las circunstancias personales que concurran en cada caso concreto, del derecho a recibir alimentos de su consorte, conforme a las reglas contenidas en los artículos 142 y siguientes del Código Civil », aduciendo en su favor, entre otras razones, la de que ni el articulo 56, que establece el deber de socorrerse mutuamente, ni el número 1.° del artículo 143, relativo a la prestación de la deuda alimentaria, condicionan su exigibilidad al cumplimiento de la obligación de vivir juntos a que se refiere el primero de dichos preceptos o al supuesto de que la separación se haya decretado judicialmente. Tercera: Que la permisibilidad de esta clase de pactos aparece reforzada a partir de la vigencia de la Ley 30/1981, de 7 de julio , que modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil, y en la que, como ha hecho notar la doctrina científica, se reconoce un auténtico contractualismo en el ámbito del derecho familiar, hasta el punto de que la eficacia de los pactos relativos al matrimonio irrumpe en un doble campo: por un lado, se atribuye relevancia jurídica a los pactos de separación matrimonial, hasta el punto de que el número 1.° del artículo 81 dispone que se decretará la separación judicial a petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro, estableciéndose, junto a una separación causal, otra de evidente carácter consensual, y por otro lado, y ello es aún más importante subrayarlo aquí, dado el carácter meramente económico o patrimonial de la cláusula 7.a del Convenio sobre la que estamos razonando, se atribuye trascendencia normativa a los pactos de regulación de las relaciones económicas entre los cónyuges, para los tiempos posteriores a la separación matrimonial, al admitirse en el artículo 90 la posibilidad de los convenios reguladores, que, según se dispone serán aprobados por el Juez, salvo si son dañosos para los hijos o gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges, disponiéndose asimismo que «las medidas que el Juez adopte en defecto de acuerdo o las convenidas por los cónyuges, podrán ser modificadas judicialmente o por nuevo convenio cuando se alteren sustancialmente las circunstancias». Cuarta: Que, si bien es cierto, que la eficacia normativa de los pactos de regulación de las relaciones económicas entre los cónyuges se halla legalmente condicionada a su aprobación judicial, aprobación que se prevé en el curso del procedimiento de separación matrimonial que regulan las disposiciones adicionales de la citada Ley de 7 de julio de 1981 , también lo es que, producido en el supuesto que nos ocupa el reconocimiento de la validez de la cláusula 7ª del Convenio suscrito entre los cónyuges litigantes en el curso de un procedimiento de mayor cuantía, del que conoce el Juez ordinario competente, y en el que están presentes ambas partes en el pleno ejercicio de sus derechos de defensa, ha de entenderse suficientemente cumplido el requisito de la intervención judicial a que el citado artículo 103 subordina la efectividad entre partes de los aludidos convenios reguladores: razones todas ellas que justifican la desestimación de este primer motivo.

Tercero: No mejor suerte alcanzará el motivo segundo, que alega infracción del artículo 1.281 del Código Civil , «por cuanto -dice- las sentencias recurridas no atienden ni al sentido literal del contrato objeto de la litis, ni a la intención de los contratantes, que fue siempre la de acudir a la nulidad canónica de su matrimonio y no al divorcio vincular, cuya legalidad no existía ni tan siquiera a la firma del Convenio Conyugal» sosteniendo que la condición a que se subordinó en la cláusula 7ª la efectividad de las transmisiones patrimoniales al hablar de que «una vez obtenida la nulidad canónica del matrimonio y, o por cualquiera de las vias señaladas en el pacto cuarto, su efectividad en el orden civil, los esposos procederán a efectuar las siguientes transmisiones patrimoniales», no se cumple, en contra de lo apreciado por la resolución recurrida, con la declaración por vía civil o canónica de la invalidez o la disolución del vínculo conyugal, ya que, tratándose de una cuestión relativa a la interpretación de una cláusula contractual, debe aplicarse la doctrina reiteradamente sostenida por la jurisprudencia de esta Sala, de que la interpretación contractual es función atribuida a la Sala de Instancia, cuyas decisiones deberán ser respetadas en casación a no ser que puedan ser calificadas de ilógicas, y mal pueden aplicarse tales calificaciones a la labor exegética de los Juzgadores de Instancia cuando en apoyo de su tesis razonan en el considerando 18 de la sentencia del Juzgado, expresamente acogida por la Audiencia Territorial, que el hecho de que los litigantes hubieran identificado la condición suspensiva con una sentencia de nulidad canónica y el hecho de que ambos litiguen hoy sobre el divorcio, da pie para afirmar que, junto al cumplimiento en sentido estricto, cabe un cumplimiento por equivalencia de la condición y que, a la luz de las reglas de interpretación objetiva de conservación del negocio ( artículo 1.284 del Código Civil ) y teleológica ( artículo 1.286 del mismo Código ) las partes quisieron condicionar la eficacia del pacto séptimo simplemente a la desaparición del vínculo conyugal, que si, en un tiempo sólo podía operarse a través de la declaración canónica de invalidez, hoy puede obtenerse Por medio de la sentencia civil de divorcio, y siendo lógica tal aseveración debe perecer este segundo motivo.

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