Pensión de alimentos convencionalmente pactada en favor de uno de los cónyuges incluido en el Convenio Regulador de la separación: Mantiene su eficacia a pesar del divorcio posterior

STS, Civil sección 1 del 04 de Noviembre del 2011 ( ROJ: STS 6998/2011) Recurso: 1722/2008 | Ponente: ENCARNACION ROCA TRIAS

Divorcio contencioso. Convenio regulador aprobado en la sentencia de separación matrimonial. Alimentos a favor de la mujer. Recurso de casación: interés casacional, por resolver cuestiones sobre las que existe doctrina contradictoria de las Audiencias Provinciales. El contrato de alimentos. La autonomía de la voluntad debe presidir el concierto del convenio regulador. Los cónyuges pueden pactar un contrato de alimentos en el convenio regulador y se tratará de alimentos voluntarios, que pueden ser onerosos o gratuitos. Los alimentos pactados debe incluirse en esta categoría porque los contratantes no tienen ya un derecho legal a reclamárselos al haber cesado su cualidad de cónyuges. Fijación de doctrina: el convenio de separación y el de divorcio pueden contener pactos voluntarios estableciendo alimentos entre los ex cónyuges. El pacto sobre alimentos tiene naturaleza contractual y a no ser que se limite de forma expresa a la separación, mantiene su eficacia a pesar del divorcio posterior, por lo que el alimentista deberá seguir prestándolos.

PRIMERO. Resumen de los hechos relevantes.

1º Dª Constanza y D. Carlos Ramón contrajeron matrimonio en 1981. En el momento de presentar la demanda de separación tenían un hijo de cuatro años. Según resulta probado, en el mes de julio de 2002 acabaron sus relaciones y se interpuso la demanda de separación; la sentencia en este procedimiento se dictó el 27 junio 2003 .

2º En el convenio regulador aprobado en la sentencia de separación, figura la siguiente cláusula: “Cuarta. De las prestaciones que el esposo debe satisfacer a favor de la esposa para el levantamiento de las cargas familiares y asignación de pensión alimenticia al menor. 4.1) Alimentos a favor de la esposa . La esposa a partir de la focalización del presente convenio será contratada por D. Carlos Ramón , en los negocios que éste desarrolle en concepto de colaboradora-asociada, con una percepción mensual equivalente a SEIS MIL EUROS (6 000€) de salario o contraprestación neta, en el establecimiento denominado […]. Si por cualquier causa el esposo cambiara de explotación o de negocio, la obligación de mantenimiento del contrato de la esposa en calidad de colaboradora-asociada quedará subsistente, si bien podrá celebrarse sobre la nueva explotación de la que aquél fuera titular. Si el esposo incumpliera esta obligación o se produjera, a instancia de éste la resolución o cancelación antes mencionada, cualquiera que fuere la causa para ello, incluso el incumplimiento de las obligaciones contractuales, desde este mismo momento el esposo queda obligado a satisfacer una cantidad equivalente de SEIS MIL EUROS (6 000€) en concepto de alimentos a favor de la esposa, garantizando a ésta, en todo momento, una prestación mensual equivalente. En todo caso la contratación de la esposa y su derecho al percibo de la cantidad establecida como prestación alimenticia, se configura como personal e intransferible, como derecho inherente a la persona de la esposa, sin que ésta pueda cederlo a tercero”.

QUINTA.- Pensión compensatoria . No se establece una pensión compensatoria, ya que la disminución de la capacidad adquisitiva y desequilibrio que la separación produce a la esposa se compensa con la adjudicación de bienes que por medio del presente convenio se realiza entre los cónyuges”.

Estas cláusulas fueron aprobadas con el convenio en la sentencia de separación de junio 2003. La esposa nunca llegó a trabajar en la empresa de su marido, aunque éste le pagó los 6 000€ tal como quedaba establecido en el convenio homologado en la sentencia de separación.

3º Dª Constanza interpuso demanda de divorcio en 2004, es decir, una año después de la sentencia de separación. En la demanda pidió la disolución del matrimonio y “la ratificación de las Medidas definitivas aprobadas en la sentencia de separación”, entre las que se encontraba contenida la cláusula transcrita.

D. Carlos Ramón contestó la demanda y pidió la exclusión de la cláusula cuarta en lo relativo a los alimentos acordados a su esposa.

4º La sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 3 Marbella, de 10 marzo 2005 , estimó la demanda y confirmó las medidas acordadas en la sentencia de separación, de 27 junio 2003 , que aprobó el convenio regulador de 17 febrero 2003. Enfocó la solución partiendo de que : a) no se había producido una modificación de las circunstancias existentes en el momento de la separación, que tales medidas fueron acordadas de mutuo acuerdo por ambos cónyuges y que desde la firma del convenio hasta el momento de dictarse la sentencia, había transcurrido muy poco tiempo (dos años); b) que si bien, de acuerdo con el Art. 143 CC , no existe obligación para los no cónyuges de prestarse alimentos, en virtud de la autonomía de la voluntad ello es posible; c) es discutible que la suma de 6 000€ mensuales del marido a favor de la esposa tenga la consideración de pensión alimenticia, porque se trataba de un salario o contraprestación por los servicios profesionales de su cónyuge, y d) las Audiencias Provinciales no están de acuerdo en el cese de la obligación alimenticia cuando se produce el divorcio.

5º D. Carlos Ramón apeló dicha sentencia. La SAP, de la sección 6ª, de Málaga, de 3 junio 2008 , estimó el recurso. Utilizó los siguientes argumentos: a) una vez disuelto el matrimonio, desaparece el parentesco que da lugar al derecho a obtener alimentos, de acuerdo con el Art. 143 CC , de modo que cualquier prestación de un cónyuge a favor del otro “debe necesariamente cobijarse bajo el ropaje jurídico de la pensión compensatoria[…]” ; b) en la cláusula discutida, “lo que realmente las partes pactaban, era una prestación de alimentos a favor de la esposa, o una relación laboral…pues aun cuando el esposo dejara de tenerla contratada, vendría en todo caso obligado a abonar los alimentos que se pactaban” ; c) se excluyó el pago de pensión compensatoria; d) la esposa nunca ha trabajado en ninguno de los negocios de los que ambos cónyuges eran propietarios al 50%, nunca reclamó la contratación, pero siguió cobrando los 6 000€ mensuales; e) excluida la pensión porque el desequilibrio se compensaba de otra forma, se pactó una auténtica pensión alimenticia, de modo que en fase de divorcio no puede mantenerse lo pactado, “no ya por alteración sustancial de circunstancias, sino porque desaparece el presupuesto esencial que da derecho” a los alimentos, cual es el vínculo conyugal que se disuelve mediante el divorcio.

6º Dª Constanza presenta recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación. El auto de 9 marzo 2010 no admitió el recurso extraordinario por infracción procesal y sí los tres motivos del recurso de casación, fundado en el Art. 477.2,3 LEC .

Figura el escrito de oposición de la parte recurrida.

SEGUNDO. El recurso de casación.

Motivo primero (que aparece como sexto en el escrito) . El recurso presenta interés casacional, por resolver cuestiones sobre las que existe doctrina contradictoria de las Audiencias Provinciales, en la aplicación de lo dispuesto en los Arts. 155 y 1255 y 90 y 91 CC sobre la compatibilidad del divorcio con el mantenimiento de los pactos que establecen alimentos entre los firmantes del convenio regulador en un procedimiento de separación previo. Dice que la interpretación de la sentencia recurrida es “totalmente equivocada” y que no hay doctrina unánime de las Audiencias Provinciales, que se pronuncian de manera contradictoria. A favor de la validez del pacto de reconocimiento de una prestación de alimentos en un convenio regulador en el caso de divorcio se pronuncian las siguientes sentencias: 442/2004, de 13 julio de la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 12); de la misma Audiencia, sección y fecha, en el rollo de apelación 425/2004 ; sentencia de 21 diciembre 2005, de la misma Audiencia y la 6/1999, de 15 febrero de la Audiencia Provincial de Málaga (sección 7ª, Melilla). En contra se pronuncian las sentencias de la Audiencia Provincial de Málaga, sección 4ª, 54/2007, de 31 enero ; 221/2002, de 11 junio , de la Audiencia Provincial de Murcia (sección 5ª); 27 marzo 2000, de la Audiencia Provincial de Cádiz (sección 5ª). En todas ellas se dice que el divorcio extingue la pensión alimenticia del cónyuge al cesar en su condición de tal.

En consecuencia de estos argumentos, el recurso pide que se pronuncie la Sala en unificación de doctrina.

El motivo se estima.

TERCERO. El contrato de alimentos.

El convenio regulador es un negocio jurídico de derecho de familia que se otorga con ocasión de la crisis matrimonial y que puede presentar un contenido atípico. La autonomía de la voluntad de los cónyuges fue ya reconocida en la sentencia de 22 de abril de 1997 , que puso de relieve que en las situaciones de crisis matrimoniales pueden coincidir tres tipos de acuerdos: “en primer lugar, el convenio, en principio y en abstracto, es un negocio jurídico de derecho de familia; en segundo lugar, el convenio regulador aprobado judicialmente queda integrado en la resolución judicial, con toda la eficacia procesal que ello conlleva; en tercer lugar, el convenio que no ha llegado a ser aprobado judicialmente, tiene la eficacia correspondiente a todo negocio jurídico, tanto más si contiene una parte ajena al contenido mínimo que prevé el art. 90 C.c .”. Del mismo modo, pueden existir pactos referidos a las consecuencias del matrimonio fuera del propio convenio, ya sea en unas capitulaciones matrimoniales ( STS 1053/2007, de 17 octubre ), ya sea en documentos complementarios ( STS 217/2011, de 31 marzo ).

De aquí se deduce que los cónyuges pueden pactar un contrato de alimentos en el convenio regulador, que tendrá las características del Art. 153 CC , es decir, se tratará de alimentos voluntarios, que pueden ser onerosos, en cuyo caso se regirán por lo dispuesto en el Art. 1791 CC , o gratuitos, como ocurre en este caso. El pacto de alimentos debe incluirse en esta categoría porque los contratantes no tienen ya un derecho legal a reclamárselos al haber cesado su cualidad de cónyuges.

Nada obsta a que el convenio regulador de separación regule de forma voluntaria los efectos económicos del divorcio, siempre y cuando las circunstancias lo permitan.

CUARTO. La aplicación de la anterior doctrina.

La sentencia recurrida califica correctamente el acuerdo entre los cónyuges como un pacto que contenía “una verdadera prestación alimenticia”, lo que aparece confirmado por la conducta posterior de las partes. Sin embargo, no tiene en cuenta que dicha prestación debe mantenerse en el procedimiento de divorcio, dada su naturaleza de contrato.

En efecto, el divorcio no puede constituir una causa de cese de los efectos del contrato sobre los alimentos, porque: a) hay que reconocer la validez del pacto en virtud de la autonomía de la voluntad de los cónyuges; b) de acuerdo con las cláusulas del propio convenio, la prestación de alimentos pactada en realidad viene a constituir una forma de compensar a la esposa, que era propietaria del 50% del negocio en el que el marido decía contratar sus servicios, de modo que en caso de incumplimiento del contrato o de cesación en la actividad por cualquier causa, se establecían estos llamados “alimentos”, que en realidad no constituyeron una consecuencia de la crisis matrimonial, sino de las relaciones económicas, no claramente explicadas, que mantenían los cónyuges, y c) en el propio convenio no se determinó la forma o causa de cesación del derecho voluntariamente establecido.

QUINTO. Doctrina jurisprudencial.

La estimación del primer motivo del recurso de casación (sexto del escrito de interposición), formulado por la representación procesal de Dª Constanza exime a esta Sala del examen de los motivos séptimo y octavo del recurso de casación.

Esta Sala fija la siguiente doctrina: el convenio de separación y el de divorcio pueden contener pactos voluntarios estableciendo alimentos entre los ex cónyuges. El pacto sobre alimentos tiene naturaleza contractual y a no ser que se limite de forma expresa a la separación, mantiene su eficacia a pesar del divorcio posterior, por lo que el alimentista deberá seguir prestándolos.

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