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Pareja de hecho y consecuencias económicas sobre la vivienda: Desahucio por precario.

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13 diciembre, 2012 por cristobalpinto

STS, Civil sección 1 del 06 de Octubre del 2011 ( ROJ: STS 6227/2011) Recurso: 1874/2008 | Ponente: ENCARNACION ROCA TRIAS

Convivencia “more uxorio” y consecuencias económicas sobre la vivienda. Acción de desahucio por precario. Establece la ley que, para que prospere la acción de desahucio por precario, el demandante debe justificar un título que comporte la posesión real y que el demandado lo ocupe por mera tolerancia, sin pagar renta o merced y sin título. Cita de preceptos procesales ajenos a la controversia. El procedimiento seguido fue el correcto pues la ley dice que se decidirán en juicio verbal las demandas que pretendan la recuperación de la plena posesión de una finca cedida en precario. No se ha vulnerado la protección que se dispensa al convivente de hecho. La unión de hecho es una institución que no tiene nada que ver con el matrimonio. Hoy en día, está formada por personas que no quieren en absoluto casarse (pues se admite ya el matrimonio homosexual y el divorcio unilateral). Por ello debe huirse de la aplicación analógica de las normas del matrimonio. Sería paradójico imponer a un convivente de hecho la penalización que supone la compensación económica prevista para casos de ruptura matrimonial, cuando no quiso casarse y nunca quiso someterse al régimen económico matrimonial. No cabe aplicar analógicamente las normas del matrimonio más que cuando la ley aplicable a la unión de hecho lo prevé o hubiera mediado pacto en tal sentido de los conviventes. Por tanto, cesada la convivencia, los miembros de la pareja (la mujer) no tienen derecho a ocupar la vivienda: carecen de título.

PRIMERO. Resumen de los hechos probados.

1º D. Rodolfo y Dª Modesta habían convivido como pareja. D. Rodolfo había comprado una vivienda en la que habían continuado la convivencia hasta que cesó. Mientras Dª Modesta estuvo ocupándola, una vez finalizada la convivencia, sin pagar renta de ninguna clase.

2º Unos años después del cese de la convivencia, D. Rodolfo , después de requerir en vano a Dª Modesta para que dejara el piso donde seguía viviendo, formuló demanda de juicio verbal de desahucio por precario contra Dª Modesta , alegando que ocupaba el piso en precario. Alegó la demandada que no era cierto que se encontraba en precario sino que estaba allí en virtud de la convivencia more uxorio mantenida con el demandante.

3º La sentencia del Juzgado de 1ª instancia nº 2 de Gandía, desestimó la demanda. Entendió que el proceso iniciado por D. Rodolfo era inadecuado para resolver las relaciones creadas entre demandante y demandada durante la convivencia, por lo que no había duda de que se trataba de ante una relación compleja a la que no podía ponerse fin acudiendo a la acción de desahucio por precario.

4º Apeló D. Rodolfo . La SAP de la sección 8ª de la Audiencia Provincial de Valencia, de 14 julio 2008 estimó el recurso. La sentencia ahora recurrida consideró que a) de acuerdo con las SSTS que citaba, “la mera convivencia de hecho «more uxorio» sin más, no es generadora de ninguna consecuencia económica, ni demuestra la existencia de un régimen de comunidad de bienes, ni permite presumir que éste exista” ; b) había quedado probado que la vivienda fue adquirida únicamente por el Sr. Rodolfo y que la Sra. Modesta no había participado para nada en el pago de las cuotas de la hipoteca; c) que la LEC establece que el desahucio de una finca en precario se decidirá en juicio verbal, de acuerdo con el Art. 250.1,2 .

5º Recurre Dª Modesta y formula recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación, que fueron admitidos por auto de esta Sala de 1 diciembre 2009 .

D. Rodolfo ha presentado el correspondiente escrito de oposición al recurso y ha señalado que la sentencia de la Audiencia Provincial había sido ejecutada provisionalmente.

I. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL

SEGUNDO. Motivo único . Infracción Art. 443 LEC, en relación con 416 LEC. Establece la ley que para que prospere la acción de desahucio por precario, el demandante debe justificar un título que comporte la posesión real y que el demandado lo ocupe por mera tolerancia, sin pagar renta o merced y sin título. Estos requisitos son necesarios y como desde la primera instancia se ha acreditado la existencia de una convivencia de hecho entre demandante y demandada, no hay cesión gratuita y la recurrente ostenta un título de acuerdo con lo establecido por esta Sala en relación a las uniones de hecho.

El motivo se desestima.

Los artículos que la recurrente alega como infringidos regulan cuestiones relativas al juicio verbal. El Art. 443 LEC determina las formalidades para el desarrollo de la vista en este tipo de juicios y el Art. 416 LEC establece que el tribunal resolverá las cuestiones procesales que impidan “la válida prosecución y término del proceso”, entre las que se encuentran las de jurisdicción y competencia.

Si bien no es claro el planteamiento de este motivo, ni las intenciones que llevan a la parte a formularlo del modo como lo hace, hay que considerar que está reproduciendo aquí la excepción que ha venido planteando durante todo el pleito sobre la inadecuación del procedimiento del juicio verbal de desahucio por precario para la extinción de la ocupación del piso propiedad del recurrido una vez acabada la convivencia de hecho. La sentencia recurrida señala que la cuestión procesal se ciñe a la ocupación del inmueble propiedad del Sr. Rodolfo por la recurrente, quien no ha aportado ningún título que permita excluir el tipo de procedimiento utilizado. Las disposiciones que se citan como infringidas no tienen nada que ver con el problema que se plantea en este litigio. Es más, el procedimiento seguido fue correcto, porque lo que se pretendía era lo previsto en el Art.250.2 LEC , que establece que se decidirán en juicio verbal, las demandas “[…]que pretendan la recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario por el dueño[…]”.

II. RECURSO DE CASACIÓN.

TERCERO. Motivo único. Inaplicación del Art. 96.3 CC , en relación con la analogía establecida en el Art. 4.1 y 4.3 CC . Se considera vulnerado el principio general de protección del conviviente de hecho. Alega las SSTS 10 marzo 1998 y 16 diciembre 1996 . Opina que la crisis de la convivencia de hecho es equiparable en relación al domicilio con las crisis matrimoniales, por lo que es indiscutible que el miembro de la pareja que no sea titular de la vivienda no puede ser considerado como un simple precarista y se le deben reconocer derechos a la posesión de la vivienda. Se vulnera la línea jurisprudencial en el sentido que propugna.

El motivo se desestima.

La principal razón de la desestimación del motivo reside en la STS 611/2005, de 12 septiembre , que proclama: a) “[…] que la unión de hecho es una institución que no tiene nada que ver con el matrimonio – STC 184/1990 y la 222/92 , por todas-, aunque las dos estén dentro del derecho de familia. Es más, hoy por hoy, con la existencia jurídica del matrimonio homosexual y el divorcio unilateral, se puede proclamar que la unión de hecho está formada por personas que no quieren, en absoluto, contraer matrimonio con sus consecuencias”; b) “Por ello debe huirse de la aplicación por “analogía legis” de normas propias del matrimonio como son los arts. 97, 96 y 98 CC , ya que tal aplicación comporta inevitablemente una penalización de la libre ruptura de la pareja, y más especialmente una penalización al miembro de la unión que no desea su continuidad. Apenas cabe imaginar nada más paradójico que imponer una compensación económica por la ruptura a quien precisamente nunca quiso acogerse al régimen jurídico que prevé dicha compensación para el caso de ruptura del matrimonio por separación o divorcio” . Esta sentencia ha sido seguida por otras, especialmente las 160/2006, de 22 febrero ; 1048/2006, de 19 octubre y 240/2008, de 27 marzo , sentencia esta a la que nos referimos a continuación. De acuerdo con ello, esta Sala ha abandonado algunas posturas que la citada STS 611/2005 llama “disímiles”, para acogerse a la no aplicación por analogía a las parejas no casadas, de las normas reguladoras de los efectos del matrimonio y del divorcio.

2º Al descartarse la aplicación por analogía de las normas sobre disolución del matrimonio, únicamente si la concreta ley aplicable a la relación lo prevé, o bien ha habido un pacto entre los convivientes, se aplicara la correspondiente solución que se haya acordado. En el Código civil no existen normas reguladoras de esta situación por lo que es excluible aplicar por analogía lo establecido en el Art. 96 CC , que exige el matrimonio, porque está regulando la atribución del domicilio tras el divorcio. En consecuencia, no puede alegar la recurrente que tiene un derecho a ocupar la vivienda, puesto que su situación es diversa, de acuerdo con la jurisprudencia que se ha citado.

3º Antes se ha hecho referencia a la STS 240/2008 , que resuelve un supuesto muy semejante, aunque la discusión se produjo entre el conviviente que ocupó el piso propiedad de su pareja premuerta y quienes pidieron la devolución fueron los herederos de ésta última. En esta sentencia se dice que “[…] no puede considerarse que el recurrente ostente ningún título que le permita mantener la posesión de la vivienda propiedad de la premuerta. No alega ningún título que justifique su posesión y le permita oponerla frente a la acción de desahucio por precario interpuesta por los titulares de la vivienda. Esta falta es determinante para el éxito de la acción ejercitada por los herederos”. Esta doctrina debe aplicarse también al presente recurso.

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Un pensamiento en “Pareja de hecho y consecuencias económicas sobre la vivienda: Desahucio por precario.

  1. La Sentencia entiende que se carece de justo titulo que impida el desahucio por precario por la mera convivencia de hecho si bien con una argumentación poco atinada pues trae a colación resoluciones del Alto Tribunal que niegan la identidad entre matrimonio y unión de hecho cuando el quid de la cuestión radica precisamente en la acreditación de la suficiencia de titulo para ocupar la vivienda. Ese “justo título” debe ser puesto en relación con lasnormas propias del Derecho Patrimonial real (derecho de propiedad…), no con las normas del Derecho de Familia.

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