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En los procedimientos matrimoniales seguidos sin consenso de los cónyuges no pueden atribuirse viviendas o locales distintos de aquel que constituye la vivienda familiar.

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6 diciembre, 2012 por cristobalpinto

STS, Civil sección 1 del 09 de Mayo del 2012 ( ROJ: STS 3057/2012) Recurso: 1781/2010 | Ponente: ENCARNACION ROCA TRIAS

En las instancias se decide atribuir a la esposa, a la que pertenece el domicilio familiar en virtud de acuerdo para la separación de bienes, el uso de otra vivienda que no constituye domicilio familiar y es privativa del marido en la separación de bienes, con el fin de mantener allí el negocio de clínica odontológica por la esposa, por tiempo de diez años y en atención al interés de los hijos. Interés casacional: si las segundas residencias pueden atribuirse en las medidas definitivas dictadas por el juez en el proceso matrimonial. Se casa la sentencia recurrida y se pronuncia la siguiente doctrina: en los procedimientos matrimoniales seguidos sin consenso de los cónyuges, no pueden atribuirse viviendas o locales distintos de aquel que constituye la vivienda familiar.

SEGUNDO. Se van a examinar conjuntamente los motivos primero y segundo , porque desde dos puntos de vista diferentes, cuestionan que sea posible la atribución de segundas viviendas en los procedimientos matrimoniales. El primer motivo se basa en que se ha producido una infracción de los arts. 91 , 96 y concordantes CC , así como del art. 1473 CC y el segundo , además, que existe jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales.

Los argumentos utilizados son: En el primer motivo, la infracción de los artículos citados, porque pretende atribuir el uso de una vivienda privativa que no constituye domicilio familiar del cónyuge no titular, ya que rige entre los cónyuges el régimen de separación de bienes.

En el motivo segundo, se dice que las Audiencias Provinciales mantienen soluciones contradictorias: (a) la postura mayoritaria consiste en la negación de la atribución del uso y disfrute de la vivienda distinta de aquella que constituye el domicilio familiar, dado que el art 96 CC no prevé la asignación de otra distinta. En este grupo se incluyen las sentencias de la Audiencia provincial de Valencia, sección 10, 640/2002, de 4 diciembre ; 661/ 2002, de 12 diciembre y 170/2003, de 27 marzo , así como otras que cita. ( b) La postura minoritaria incluye sentencias que atendiendo al caso concreto, declaran la posibilidad de atribuir viviendas distintas a los solos efectos de cubrir las necesidades de habitación y respecto de inmuebles que sean propiedad de ambos cónyuges con carácter ganancial. Cita las sentencias de la Audiencia provincial de Madrid, sección 24, 528/2001, de 25 mayo y 269/2003, de 13 marzo . Finalmente, (c) postura intermedia, en algunas sentencias en las que se ha negado la atribución del uso y disfrute de vivienda distinta a la habitual, se asigna la administración a uno de los cónyuges, también en casos de necesidades de habitación y respecto de inmuebles que sean propiedad de ambos cónyuges con carácter ganancial. Se citan las sentencias de la Audiencia provincial de Madrid, sección 24, 608/2005, de 19 julio , y sección 22, 560/2007, de 25 septiembre , entre otras.

El recurrente afirma que la vivienda cuyo uso se ha atribuido, no ha constituido en ningún momento domicilio familiar, sino despacho de la ex esposa para ejercer en ella su actividad profesional; que el local es privativo del marido y que dicha actividad no está condicionada por el local que ocupa, entre otros argumentos.

TERCERO. Antes de entrar a examinar los argumentos del recurso de casación, la Sala debe plantearse si concurre interés casacional, ya que las sentencias de contraste que el recurrente aporta no se refieren exactamente al caso planteado, sino que resuelven supuestos de atribución del uso de local o segunda residencia ganancial antes de la liquidación de la sociedad conyugal. A pesar de ello, esta Sala entiende que dicho interés casacional concurre, aplicando las reglas contenidas en las SSTS 976/2008, de 31 octubre y 717/2011, de 27 octubre. La primera de las sentencias citadas dice que “[…]de circunscribir la “cognitio” del Tribunal en el tema de infracción de doctrina jurisprudencial a un mero juicio de contraste respecto de las sentencias citadas por la parte, (y sin menoscabo de que esta alegación es una exigencia formal insoslayable para la parte recurrente), se excluiría la posibilidad de que el Tribunal pudiera aplicar la doctrina jurisprudencial actual, o, lo que es peor, la posibilidad de crear o cambiar la jurisprudencia adecuada al caso, contradictoria o no con la invocada, con lo que, en las materias en las que el tipo de proceso se determina en atención a las mismas, se cercenaría prácticamente la evolución de la jurisprudencia y se cosificaría la normativa legal, lo que no tiene apoyo alguno en la previsión legislativa, ni coincide con el criterio interpretativo racional que procede mantener en la materia” . Ello coincide con el Acuerdo de la Sala 1ª , de 30 diciembre 2011, sobre criterios de admisión de los recursos de casación y los recursos extraordinario por infracción procesal, donde se dice que “cuando a criterio de la Sala 1ª del TS, la parte recurrente justifique debidamente la necesidad de modificar la jurisprudencia en relación al problema jurídico planteado porque haya evolucionado la realidad social o la común opinión de la comunidad jurídica sobre una determinada materia” podrá admitirse un recurso de casación en la modalidad del interés casacional.

Esta es la situación que plantea el presente recurso por las siguientes razones:

1ª Si bien como se ha dicho, la doctrina de contraste aportada se refiere a inmuebles gananciales que constituyen segundas residencias, se produce una situación de analogía, ya que se trata de una segunda residencia de facto, al ser utilizada exclusivamente por uno de los cónyuges, no como domicilio, sino como local profesional. Y ello a pesar de que la propiedad de dicho local era exclusiva del marido al habérsele adjudicado en la liquidación de los gananciales efectuada en el año 1995, casi diez años antes de la crisis matrimonial.

2ª Son aplicables a los procesos matrimoniales las reglas del recurso de casación. Sin embargo, los especiales intereses protegidos en dichos procesos permiten una interpretación más amplia de las normas que dan sentido al concepto de interés casacional.

Estas razones llevan a estimar la concurrencia de interés casacional, que consiste en determinar si las segundas residencias pueden atribuirse en las medidas definitivas dictadas por el juez en el proceso matrimonial.

CUARTO. Determinada la concurrencia de interés casacional y la identificación del mismo, debemos examinar a continuación el problema planteado por el recurrente.

Desde la entrada en vigor de la Ley 30/1981, de 7 julio, que introdujo el divorcio como forma de disolución del matrimonio y sus efectos, se ha discutido acerca de la posibilidad de atribuir las denominadas segundas residencias en el curso del procedimiento matrimonial. El art. 91 CC solo permite al Juez, en defecto de acuerdo, o de no aprobación del acuerdo presentado, atribuir el uso de la vivienda familiar, siguiendo los criterios que establece el art. 96 CC . El art 774.4 LEC repite la misma regla. De donde debemos deducir que el uso de los segundos domicilios u otro tipo de locales que no constituyan vivienda familiar, no puede ser efectuado por el juez en el procedimiento matrimonial seguido con oposición de las partes o, lo que es lo mismo, sin acuerdo. Tampoco el art. 233-20.6 del Código civil de Cataluña permite esta atribución, sino que solo prevé esta posibilidad en el caso que la segunda vivienda sea más apta para satisfacer la necesidad de los hijos y del progenitor custodio.

Existen varias razones para llegar a esta conclusión, dejando aparte la interpretación literal del Código civil y de la Ley de Enjuiciamiento, a la que se ha aludido:

1ª La atribución de otras residencias de la familia o de otros locales debe efectuarse de acuerdo con las reglas del régimen económico matrimonial que rija las relaciones entre cónyuges.

2ª La sentencia que decreta el divorcio o la separación, declara la disolución del régimen. Puede declarar también su liquidación, pero para ello debe seguirse el procedimiento del art. 806 y ss LEC , en defecto de acuerdo previo.

3ª Cuando los cónyuges se rijan por un régimen de separación de bienes, como ocurre en este caso, no se producen problemas de atribución de bienes, porque los patrimonios están claramente fijados. Por ello, el juez de familia no tiene competencia para atribuir el uso de bienes distintos de aquellos que constituyen la vivienda familiar. Un argumento a favor de esta conclusión la proporciona el art. 103, 4ª CC , que permite en medidas provisionales que pueden convertirse en definitivas, señalar qué bienes gananciales hayan de entregarse a cada cónyuge para su administración y disposición, previo inventario y con la obligación de rendir cuentas. Esta regla no es aplicable al régimen de separación de bienes.

Por otra parte, esta sentencia no contradice la 78/2012, de 27 febrero que atribuyó al marido el uso del domicilio familiar, debido a que ejercía allí su profesión de abogado, porque en el presente caso se trata de la decisión sobre el uso de un local que no es vivienda familiar y que, por esta condición, no puede ser atribuido en el procedimiento matrimonial.

En consecuencia, debe formularse la siguiente doctrina, a los efectos de unificar la de las Audiencias provinciales en esta materia: en los procedimientos matrimoniales seguidos sin consenso de los cónyuges, no pueden atribuirse viviendas o locales distintos de aquel que constituye la vivienda familiar.

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2 pensamientos en “En los procedimientos matrimoniales seguidos sin consenso de los cónyuges no pueden atribuirse viviendas o locales distintos de aquel que constituye la vivienda familiar.

  1. mari carmen dice:

    Pues la Juez que ha llevado mi divorcio, se ha saltado a la torera la Ley puesto que sin haber sido objeto de controversia ni discusion en el Juicio de Divorcio, un año despues de certificar la sentencia del mismo, ha adjudicado a mi exmarido la segunda vivienda que estamos pagando al 50%, cosa que tampoco me preocupa mucho si no fuese porque a mi me obligo en su momento la misma Sra. Juez a pagar mensualmente la cantidad de 190 euros por atribuirme el domicilio familiar, como compensacion al piso de alquile que habia cogido mi exmarido para llevar a cabo la custodia compartida.

    Me gustaria que me informasen si llevando el tema a la Audiencia Provincial cabria posibilidad de solucionar el tema.
    Gracias

    • Mari Carmen: Como norma del Blog no doy respuesta a consultas realizadas a través de comentarios en los distintos artículos, para ello ya existe una vía de comunicación bastante directa y clara publicitada en el blog: Mi pagina web de Consultoria de Servicios Juridicos. Además, se trata de un blog no de un foro de consulta jurídica.
      Un saludo

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